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Reforma energética y los derechos económicos, sociales y culturales en México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a través de su Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, saluda la celebración de la audiencia temática referente a la reforma energética y a los derechos económicos, sociales y culturales en México realizada en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a que este ejercicio facilita el diálogo entre la sociedad civil y el Estado mexicano respecto de temas específicos de derechos humanos y, por tanto, favorece el respeto y la protección a los mismos.

Reforma energética y los derechos económicos, sociales y culturales en México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Por Roberto Robles.

06 abril 2015;  México, D.F.-La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a través de su Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, saluda la celebración de la audiencia temática referente a la reforma energética y a los derechos económicos, sociales y culturales en México realizada en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a que este ejercicio facilita el diálogo entre la sociedad civil y el Estado mexicano respecto de temas específicos de derechos humanos y, por tanto, favorece el respeto y la protección a los mismos.

 

Durante el 154o. Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH que se celebró en Washington, D.C., Estados Unidos de América, del 13 al 27 de marzo de 2015, se desarrolló una audiencia temática relativa a la reforma energética y a los derechos económicos, sociales y culturales en México, en la cual miembros de distintas organizaciones sociales se posicionaron frente a los desafíos que implica dicha reforma, así como la legislación secundaria que la implementa.

 

Participaron representantes de las siguientes organizaciones de la sociedad civil: Alianza Mexicana contra el Fracking; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Equipo Pueblo A. C.; Fundar-Centro de Análisis e Investigación; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A. C.; Greenpeace México, y Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc). Por parte del Estado mexicano acudieron servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), de la Secretaría de Energía (Sener) y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

 

La CEAV recuerda que el Reglamento de la CIDH reconoce la facultad de celebrar audiencias por iniciativa propia o a solicitud de parte interesada, las cuales tendrán por objeto, recibir información de las partes con relación a alguna petición, caso en trámite, seguimiento de recomendaciones, medidas cautelares, información de carácter general o particular relacionada con los derechos humanos, como es el caso de la que nos ocupa.

 

Finalmente, la CEAV considera importante señalar que entre los puntos planteados por las organizaciones de la sociedad civil destacan:

 

  • la inclusión del impacto de la reforma energética respecto de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades en el informe correspondiente de la CIDH;
  • la realización de una visita in loco a México, particularmente en comunidades indígenas donde se realicen proyectos extractivos;
  • la exhortación al Estado mexicano de garantizar el derecho a la consulta libre, previa e informada a las comunidades y pueblos indígenas, de conformidad con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), durante la implementación de proyectos energéticos o modificaciones legislativas, particularmente en el caso del proyecto eólico de Juchitán, Oaxaca;
  • la exhortación al Estado mexicano de prohibir el fracking por las posibles vulneraciones que ocasionaría al derecho a un medio ambiente sano;
  • la exhortación al Estado mexicano de garantizar el acceso a un recurso idóneo y efectivo a los pueblos indígenas para la protección de sus derechos y
  • se solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la emisión de una opinión consultiva que analice si la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley Minera son acordes con la normativa en materia de derechos humanos, así como con el Convenio 169 de la OIT.