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Se acabó el negocio

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Se acabó el negocio

Por Carlos Robles Nava

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Calladitos y sigilosamente como “muertitos” fueron realizando por muchos años sus actividades  las diversas empresas funerarias que operan en Coahuila, en particular haciendo negocio y cometiendo conductas inhumanas con los deudos quienes acudían y contrataban sus servicios  para dar sepultura a sus parientes cercanos o lejanos que se nos adelantaron al final de todos los seres vivientes de este planeta.

Uno de los principales negocios a los que a través de un decreto promulgado por el Congreso de la Unión, es la prohibición en la retención del certificado de defunción que conforme a la nueva legislación, deben recibir directa y gratuitamente los familiares del fallecido.

La improcedente retención del certificado de defunción no fue siempre un negocio unilateral de las funerarias, pues he sido repetitivo que no hay acción ilegal que no cuente con agregado o segunda persona y en este doloroso e inhumano caso, no podría faltar la participación de los Ministerios Públicos que acuden al lugar del deceso de la persona para dar fe y certificación de las causas del fallecido que bien puede ser por cuestiones de enfermedad, por razones naturales generalmente por edad y sin faltar delito que perseguir en esas causas de muerte.

Por muchos años, los Ministerios Públicos, al menos en Coahuila, entregaron sin razón ni explicación esa certificación de muerte a la funeraria que era llamada, normalmente por la propia autoridad ministerial para levantar o recoger al fallecido y llevarlo cuando se establecía una autopsia para deslindar delito alguno o por enfermedad o razones naturales.

Ya en manos de los “muerteros” sin que suene a insulto, pues de alguna forma hay que distinguir su actividad porque no sería correcto llamarlos “funerareteros” por su ramo de atender funerales, el tan mencionado certificado de defunción, se convertía en improcedente o procedente, según el criterio de cada quien, la retención del cuerpo inerme para que la familia le diera sepultura, sin antes no pagar el costo del arreglo del cadáver, el ataúd, servicios en general de funerales como es el uso de la sala, con o sin aire acondicionado por si el “muertito” tiene calor o no, el “cofee break” con sus galleticas, crema, leche y en fin todo lo que es dar un servicio funeral.

Por su parte, respaldando dicha disposición el Congreso del Estado, hizo saber a la prensa que será ilegal “secuestrar” certificados de defunción que implícitamente lo retenido por las funerarias era el cuerpo del familiar hasta en tanto no se pagaran los servicios.

Esto quedo estipulado legalmente en la aprobación de la Ley de Certificados de Defunción, que servirá el nuevo instrumento legislativo para impedir que se le dé a ese importante y valioso documento un uso inadecuado, explicando que en la mayoría de los casos ese documento se retenía para una utilización que no era la adecuada.

Esto lo hacían instituciones de salud y funerarias hasta que no se les pagaban los servicios, dependiendo en cada caso, siendo de hecho y en la realidad una presión en la pena por la que atravesaban los deudos, para liquidar a fuerza al centro hospitalario y funeraria que había dado algún servicio al occiso.

Esta determinación legislativa llamada justicia cotidiana y que tiene que ver con los aspectos de todos los días en donde la gente está sufriendo y que se debe ir mejorando es esta nueva ley la que determina que nadie, absolutamente podrá con el certificado de defunción hacer presión para que se le pague el o los servicios, pues esto es una cuestión de carácter civil la que se debe atender en otro renglón, es decir, la clínica, centro hospitalario o funerarias en general que resulten afectadas por la falta de pago de los servicios, tendrán que recurrir a otras instancias legales para que se les paguen su o sus servicios.

Y, como todo en donde llega a su fin el ciclo de vida, les llegó la hora a las funerarias que por años hicieron presión reteniendo el tan mencionado certificado de defunción, acabando también el negocio de muchos elementos del Ministerio Público de Coahuila que por años tuvieron su “extrita” en complicidad con centros médicos y hospitalarios y las agencias funerarias. (www.intersip.org)

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