Tuesday, 25/9/2018 | 21:04 UTC-5
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Una prueba de fuego

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Una prueba de fuego

Por Carlos Robles Nava

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Seria prueba de fuego tendrán las autoridades tanto estatales como las municipales, con los cinco adolescentes detenidos como responsables del alarmante y devastador incendio forestal que provocaron en la sierra de Zapalinamé, justo en el cañón de “San Lorenzo” el pasado domingo.

Han dicho hasta la saciedad las autoridades encargadas de proteger el medio ambiente, sobre todo los recursos naturales, las fuertes sanciones económicas y penas carcelarias para el o los causantes de prender fuego en las áreas boscosas.

De acuerdo al Código Penal de Coahuila, se establece que la sanción se aplicará para quien y quienes ocasionen daños en bosque o área verde que no sea de jurisdicción federal o se encuentre bajo administración estatal.

Contempla el mismo Código Penal, hasta seis años de cárcel y una multa económica de hasta mil días de salario mínimo.

La encrucijada para las autoridades que tienen que aplicar la ley será en el momento en que surjan las voces piadosas pidiendo clemencia o consideración para los cinco chavos por tratarse de “inocentes” adolescentes y sobrarán quienes al abogar por ellos, recalquen su ignorancia de la prohibición instituida por encender fuego en zonas boscosas y de los castigos a que se harían acreedores por prender fuego para calentar sus alimentos durante su día de campo en la sierra.

También estimamos que habrá almas piadosas que aboguen por su “inocencia”, pese a que desde hace tiempo y en especial en vísperas y durante periodos vacacionales las autoridades han sido repetitivas en la prohibición de encender lumbre en la sierra por la inminente amenaza de que una sola chispa puede causar toda una conflagración de graves consecuencias como fue el causado por los cinco jóvenes por la enorme superficie a que se extendió el fuego.

Quienes tendrán el mazo de la justicia en sus manos deben ir viendo algunas alternativas sobre los castigos a aplicar en caso de tratarse de familias de escasos recursos económicos e imposible que ellas estén en condiciones de pagar tan elevada multa económica, pues se habla y se ha dicho que puede ser de 70 mil pesos a cada infractor.

¿ Lo de la multa económica sería una alternativa para no ir a la cárcel?, es una pregunta que se ha “prendido” entre quienes no conocemos la aplicación del Código Penal.

Si así fuera el caso, estos infractores bien podrían pagar con servicio comunitario, aunque tampoco lo contempla el Código Penal ni otra ley sobre delitos cometidos.

Ese trabajo comunitario podría ser limpieza o trabajos de restauración como pintura, reposición de cristales, arreglo de puertas dañadas, etc., en escuelas públicas o en instalaciones públicas gubernamentales.

La situación de estos cinco jóvenes respecto a la forma en que tiene que cumplirse con la ley, es precisamente la prueba de fuego que tendrán que pasar las autoridades del medio ambiente para dejar asentado un antecedente y pasar de las palabras y advertencias a los hechos, al menos es mi sana opinión. (www.intersip.org)

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