Wednesday, 24/10/2018 | 4:57 UTC-5
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No ata ni desata

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No ata ni desata

Por Carlos Robles Nava

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Cada vez se confirma más que la Auditoria Superior del Estado, es letra muerta, pues como se dice “no ata ni desata”, siendo cada vez más visible su inutilidad e inexistencia, reafirmándolo su mismo titular, Armando Plata Sandoval, al aceptar que en diez años de 80 casos de servidores públicos que malversaron fondos públicos, solo se han resuelto dos.

Esta figura al menos en Coahuila se creó hace más de 30 años siendo gobernador José de las Fuentes Rodríguez, designándose como titular a Cándido N., empleado de la entonces Tesorería General del Estado y fijándose sus oficinas oficiales dentro del mismo edificio de la Tesorería.

Plata Sandoval, se defiende afirmando que la Auditoría ha presentado en los 80 casos, las denuncias bien fundamentadas contra los corruptos, empero, ignora porque en la Procuraduría de Justicia y ahora Fiscalía General del Estado, no se ha hecho nada.

Al respecto, cuando era Procuraduría y ahora como Fiscalía General, funcionarios de buen nivel siempre han argumentado que las denuncias de peculado y malversación de fondos públicos, hechas por la Auditoria Superior del Estado, la hace años después de que concluyan las administraciones en las que laboraban los acusados.

Cierto o no, la realidad es que esa figura oficial para cuidar que los fondos públicos no se malversen ni se los roben funcionarios, jamás ha presentado resultados satisfactorios que incluya la aprehensión y encarcelamiento de los que se “beneficiaron”.

Por desgracia debemos entender que los Auditorios Estatales son designados por el gobierno en turno y aun cuando pasa dizque una terna al Congreso Local, el “bueno” va señalado con una crucita, es decir, sin importar los procedimientos la realidad es que son los mandatarios estatales quienes dan ese nombramiento a conocidos o amigos y como se dice “favor con favor se paga” es entendible que ese Auditor tiene atadas las manos.

Lo más sano sería que los Auditores fuesen designados por grupos ciudadanos, lo que sería pedirle peras al olmo, pues eso al menos las generaciones actuales no lo verán.

Las Auditorias Superiores de los Estados, en ningún caso tiene facultades para sancionar o llevar a la cárcel al o los funcionarios públicos que roben recursos públicos, es decir, son instituciones “chimuelas” o decorativas por llamarlas de alguna manera porque no tienen facultades para castigar por el hurto de los recursos públicos.

Mientras no haya cambios en las facultades de esos organismos, los robos o saqueos de dineros públicos estarán a la orden del día, por eso, a nivel nacional se cuenta con los dedos los empleados públicos que estén tras las rejas por la robadera que hicieron.

Pedir a los Congresos Legislativos Estatales que reformen la ley que rige a las Auditorias, sería como echarse ellos mismos la soga al cuello, ya que los recursos que manejan son también públicos y están obligados a informar de su uso y responder de ellos a través de un manejo trasparente y responsable.

Por lo tanto, los ciudadanos tendrán que conformarse con seguir solo escuchando el despilfarro y mal uso de los impuestos. (www.intersip.org)

 

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