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Está en lo correcto

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Está en lo correcto

Por Carlos Robles Nava

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El Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, está solicitando al Congreso del Estado, la aprobación de una reforma a su Ley de Hacienda con el fin de cobrar determinados servicios que de ninguna manera se antepone a que siga impartiéndose sin costo alguno el proceso y procedimiento para juzgar a quienes cometen delitos.

Concretamente se trata de que deje de ser gratuita la expedición de copias, así como ciertas evaluaciones y certificaciones de procedimientos procesales que están a cargo de esta dependencia de impartición de la justicia.

Generalmente se trata de servicios recurrentes como son grandes volúmenes de copiado, al igual certificaciones y evaluaciones que solicitan los litigantes o defensores de procesados que sí cobran sus servicios de defensoría a quienes los contratan.

En general la iniciativa presentada por la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Miriam Cárdenas Cantú, se ha recibido con agrado y aceptación, ya que con eso también se suprimirán las gratificaciones o compensaciones que recibe por esos conceptos el personal encargado en cada caso como copiado y extensión de evaluaciones y certificaciones.

El cobro de los servicios expuestos por la Presidenta del T.S.J., no afectará por ningún motivo ni  de otra manera el concepto de gratuidad del acceso al derecho de recibir justicia.

La licenciada Cárdenas Cantú, ha sido reiterativa para evitar cualesquier mal entendido señalando que “todas las personas tienen el derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes”, recalcando que su servicio será gratuito, quedando prohibidos en consecuencia las costas judiciales.

Aclaró que la gratuidad está en que no se paga el servicio de jueces y magistrados.

Cárdenas Cantú, explica en su petición al Poder Legislativo que la aplicación de esos cobros tiene como propósito apoyar el sostenimiento del gasto que implica el mantenimiento de los inmuebles, la adquisición de materiales o el pago de servicios generales.

Entre otros cobros que expone, figuran los talleres prematrimoniales que se imparten a través del Instituto Estatal de la Defensoría; bases de licitación pública nacional para obra pública; búsqueda de datos en el archivo general judicial; cursos de preparación en materia de mediación, por parte del Centro de Medios Alternos de Solución de Controversias; Certificación de Mediadores; Validación extemporánea de convenios de mediación privada; Certificación como mediador privado; y los cursos de capacitación impartidos por el Instituto de Especialización Judicial a personas externas del Poder Judicial.

Positivo sería que otros funcionarios públicos siguieran el ejemplo mostrado por la magistrada y Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, para no elevar los costos de operación de sus dependencias manteniendo los objetivos y fines de la respectiva oficina pública. (www.intersip.org)

 

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