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“ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN” DATOS NACIONALES

El 31 de octubre de 2003 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, la cual entraría en vigor en diciembre de 2005. Además de aprobar dicha convención, la Asamblea también decidió asignar el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción, con el fin de crear conciencia acerca de este fenómeno social y divulgar la importancia de la Convención para atenderlo. Como parte de esta acción, se designó a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) como la secretaría para la Conferencia de los Estados Partes de la Convención.

“ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN” DATOS NACIONALES

Por Roberto Robles.

07 diciembre 2014; Aguscalientes, Ags.-El 31 de octubre de 2003 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, la cual entraría en vigor en diciembre de 2005. Además de aprobar dicha convención, la Asamblea también decidió asignar el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción, con el fin de crear conciencia acerca de este fenómeno social y divulgar la importancia de la Convención para atenderlo. Como parte de esta acción, se designó a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) como la secretaría para la Conferencia de los Estados Partes de la Convención.

La Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción tiene como objetivo o finalidad “promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción”; “promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra corrupción…”; y “promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos”. Los Estados que hayan firmado y ratificado dicha Convención deben procurar que se cumplan estos objetivos por medio de la observancia de los preceptos delimitados en ella.

Es importante señalar que la corrupción ocurre a gran escala y a pequeña escala. La corrupción a gran escala es aquella relacionada con el fraude a gran escala perpetrado por políticos y empresas, en donde ocurre lo que se conoce como “captura de Estado”[1]. Este fenómeno sucede cuando las empresas utilizan redes para ejercer influencia sobre las decisiones del gobierno y cambiar las leyes o normas a su favor[2]. Por otra parte, también existe la corrupción a pequeña escala o pequeña corrupción. La pequeña corrupción es aquella que ocurre con mayor frecuencia y es la que afecta directamente a la población[3]; debido a que es la que ocurre en la interacción cotidiana de la ciudadanía con los servidores públicos y se manifiesta a través del soborno o la extorsión. Para fines de este boletín y con base en la información obtenida a través de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013 y los Censos Nacionales de Gobierno, las cifras presentadas a continuación hacen referencia a la pequeña corrupción, así como a las medidas de control interno y vigilancia que se implementan para reducir los riesgos de corrupción en los gobiernos estatales y municipales.

La corrupción ha sido una causa de interés por afectar la vida democrática de un país con prácticas ilegales e ilegítimas, por lo que la recolección de datos de la materia es de suma importancia para la formulación de políticas públicas que permitan combatir la corrupción. Por ello, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) diseñada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía tiene el propósito de recabar información sobre la calidad de servicios públicos, trámites gubernamentales; percepción y experiencias de corrupción de la población con el fin de aportar información que permita mejorar el diseño de las políticas públicas para el combate a la corrupción y la mejora de los servicios públicos. La ENCIG se aplica de manera bienal, siendo en 2013 el último ejercicio realizado.[4]

Cabe mencionar que la ENCIG obtiene información sobre la corrupción desde dos perspectivas:

  • La primera es la percepción de corrupción que tiene la población de 18 años y más que reside en ciudades de cien mil habitantes y más, sobre diversas instituciones del sector público, privado y social.[5] Ésta se construye con base en la interpretación del ciudadano sobre la frecuencia de las prácticas de corrupción que se realizan dentro de las instituciones públicas.
  • La segunda perspectiva desde la cual se mide la corrupción es a través de la experiencia como víctimas personales en prácticas de corrupción al realizar trámites gubernamentales, solicitudes de servicios públicos y otros contactos con servidores públicos en donde estos abusan de sus funciones para obtener dinero, regalos, favores, o cualquier beneficio para sí mismo, sus familiares o conocidos.

A continuación se presentan los principales resultados que genera la ENCIG en torno a la percepción sobre corrupción y las experiencias de victimización que la población vivió durante 2013.

Percepción de corrupción

Tal como se ha mencionado, una de las perspectivas con la que se mide la corrupción es a través de la percepción. En la gráfica 1 se puede observar a la corrupción como uno de los cinco problemas sociales que la población considera que más le afectan, por lo que esta cifra revela la importancia del análisis del fenómeno con base en datos estadísticos. La ENCIG también estima que 88.3% de la población considera que en su entidad, las prácticas de corrupción en donde un servidor público abusa de sus funciones para obtener algún beneficio personal son entre muy frecuentes y frecuentes[6]; de manera que la población considera a la corrupción como uno de los tres principales problemas que más le afectan y además percibe que la frecuencia de estas prácticas es alta.

Otra de las formas en las que se mide la percepción en la ENCIG es indagando sobre la perspectiva de la población en cuanto a la frecuencia con la que suceden prácticas de corrupción en diversas instituciones políticas, gubernamentales y sociales. La ENCIG indaga mediante un listado de instituciones de diversa índole la percepción de prácticas de corrupción de cada una de ellas y que bien se pueden agrupar en tres diferentes tipos. El primero se refiere a aquellas instituciones consideradas muy cercanas al informante (compañeros de trabajo, parientes, vecinos e instituciones religiosas). En una segunda tipificación, se presentan las instituciones que le son conocidas al informante y con las que puede interactuar con mayor frecuencia (universidades públicas, policías, hospitales y escuelas públicas). Finalmente el tercer y último tipo de instituciones están compuestas por aquellas que resultan lejanas al informante y generalmente las conoce a través de los medios de comunicación (partidos políticos; gobierno municipal, estatal, federal; institutos electorales, etc.).

Tal como se muestra en la gráfica 2, es posible identificar que la población percibe a las instituciones que le son más cercanas con menor frecuencia de prácticas de corrupción. Por el contrario, las instituciones más lejanas a la población son percibidas con mayor frecuencia de tales prácticas, lo que refleja una desconfianza en instituciones del sector público. Según Gerald E. Caide, en referencia a las víctimas de corrupción: La verdad es que todos son sus víctimas; ya que desmejora la calidad de vida colectiva, perjudica la gobernabilidad y socava la confianza del público en sus instituciones.[7]

Además de la percepción de corrupción en las distintas instituciones, la ENCIG también permite conocer por entidad federativa, la percepción de la población sobre la frecuencia con la que ocurren prácticas de corrupción. Como se puede apreciar en el mapa 1, la entidad con el porcentaje más alto de este indicador fue el Distrito Federal con 95.3%, seguido por Jalisco con 94.7% y Michoacán con 92.2 por ciento. Por otra parte, las entidades con los menores porcentajes fueron Querétaro (65%), Yucatán (72.2%) y Aguascalientes (78.3%).

Experiencias de corrupción

Actualmente existen indicadores de percepción de corrupción generados por diversos organismos internacionales; sin embargo, las mejores prácticas en la actualidad implican mediciones bajo un enfoque de victimización que se obtienen por encuestas probabilísticas. Por ello, el uso de encuestas sobre victimización en corrupción permite estudiar y atender el problema con datos más apegados a la prevalencia e incidencia del delito. En este sentido, la ENCIG mide la corrupción a través de la experiencia de la población que vivió algún acto de corrupción.

Cabe mencionar que este tipo de medición se dificulta ya que el ciudadano, aunque sea la víctima, siente una corresponsabilidad por haber participado en un acto de corrupción, lo que hace que la población tienda a ocultar las situaciones de corrupción que pudo haber tenido. Es por esta razón, que la estrategia utilizada por la ENCIG y en otras encuestas sobre corrupción a nivel internacional es la “perspectiva de víctima” que implica reducir la sensación de “complicidad” al considerar al ciudadano como víctima del delito.

Utilizando esta estrategia y como se puede observar en la gráfica 3, 47.6% de la población total que realizó al menos un trámite durante 2013 reportó que cree que existen actos de corrupción en el trámite que realizó, mientras que 32% mencionó que algún conocido vivió una experiencia de algún acto de corrupción en el trámite que refirió. Hasta este momento lo que se ha medido es la percepción de corrupción, sin embargo la última columna indica el porcentaje de víctimas de corrupción en el trámite que realizó el usuario en 2013. Tal como se describe en la gráfica, 12.1% de la población vivió un acto de corrupción frente a 47.6% que cree o ha escuchado que existe corrupción, de esta manera se puede diferenciar cómo percibe la población a la corrupción frente a las experiencias reales que sufrió el ciudadano.

Para comprender la magnitud de la prevalencia de corrupción en México, se puede comparar esta cifra con la prevalencia de uno de los delitos más comunes, en este caso, el robo en la calle o transporte público durante el año; el cual tuvo un porcentaje de victimización de 12.5%, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 2014. Por otra parte, con el fin de contextualizar este resultado en el ámbito internacional, la prevalencia de sobornos que afecta a la población en los Balcanes occidentales fue similar a la prevalencia de corrupción estimada por la ENCIG en 2013, al registrarse 12.5% en el año 2010.[8]

Una vez identificada la importancia del análisis de la corrupción con base en la prevalencia del delito, el cuadro 1 muestra el porcentaje de población víctima de corrupción por entidad federativa donde se puede observar que las tres entidades que presentaron un mayor porcentaje de víctimas de corrupción fueron San Luis Potosí, el Distrito Federal y el Estado de México, mientras que los de menor prevalencia fueron Sonora, Guerrero y Tamaulipas.

Además, gracias a la ENCIG se puede obtener información sobre las características de la población que ha sido víctima de un acto de corrupción en su interacción con empleados de gobierno. De esta manera, permite identificar las características de las víctimas tales como la edad, sexo, escolaridad y otros factores que complementan el estudio y análisis del fenómeno de la corrupción al realizar un trámite administrativo.

La gráfica 4 muestra la proporción de población que ha sido víctima de la corrupción. Se puede observar que, del grupo de personas que pudo haber sido víctima del delito de cohecho en trámites gubernamentales, 12% experimentó al menos una situación de corrupción. También se identifica que alrededor de 30.8% de la población no ha realizado un trámite de forma personal o no ha tenido contacto con un empleado de gobierno al realizarlo. Con esta medición, se puede observar la población que pudo haber sido víctima de corrupción, la que no tuvo posibilidad de sufrir un acto de corrupción y aquellas que sí fueron víctimas del delito durante 2013.

Una vez identificada a la población víctima de corrupción se realiza una presentación de datos con respecto a la caracterización de las víctimas. En la gráfica 5 se presentan las cifras en cuanto al sexo de la población víctima con respecto a la población que realizó por lo menos un trámite de manera personal y que tuvo contacto con un empleado público. Como se puede apreciar en esta gráfica, el porcentaje de población que realizó trámites es similar tanto para hombres como para mujeres; sin embargo, hay un mayor porcentaje de hombres que han sufrido corrupción, a pesar de que las mujeres realizan, en promedio, un mayor número de trámites.[9] Esto significa que las mujeres, aunque tienen más contactos con servidores públicos que los hombres, son menos afectadas por la corrupción.

La gráfica 6 muestra el porcentaje de víctimas de corrupción según su nivel de escolaridad. Se puede observar una tendencia clara: a mayor nivel de escolaridad mayor es el porcentaje de la población que ha tenido una experiencia de corrupción. No obstante, también es relevante considerar que la población con más bajo nivel de escolaridad, realiza menos trámites gubernamentales; por lo tanto tiene menos contacto con empleados de gobierno y es menos probable que sea víctima de corrupción al no generarse las condiciones del mismo.  De esta forma, la relación entre trámites realizados y las características de las víctimas de corrupción es una consideración que no se puede disolver.

La gráfica 7 muestra las víctimas de corrupción según el rango de edad. Se puede observar que la población entre 18 y 39 años tiene un mayor porcentaje de personas que han realizado por lo menos un trámite; sin embargo, hay una diferencia entre el rango ya que la población de 18 a 29 años de edad registra mayor prevalencia de corrupción que la población de 30 a 39 años. Y cabe señalar que en el rango de edad más joven es donde se concentra la mayor cantidad de población económicamente activa. Además, la gráfica también muestra la victimización por sexo; lo que se puede observar es la tendencia proporcional entre la prevalencia de corrupción general, así como por edad y sexo.

En la gráfica 8 se muestra el porcentaje de la población que ha sido víctima de la corrupción según su condición de ocupación. Se divide a la población entre aquellos que trabajan o realizan alguna actividad económica (ocupados) y aquellos que tienen otras actividades (estudios, tareas del hogar, es jubilado, entre otros). Se observa que la población ocupada tiene mayor probabilidad de haber realizado un trámite y de ser víctima de la corrupción. Se puede apreciar que esto refleja los patrones anteriores en donde la población en edad económicamente activa es más propensa a ser víctima, así como la población con mayor nivel de escolaridad. Las razones de esta relación son diversas; entre estas, quienes realizan actividades económicas tienen la necesidad de llevar a cabo un mayor número de trámites y pueden verse en una encrucijada propiciada por la burocracia para obtener un trámite o servicio público.

Michael Johnston señala que el control de la corrupción requiere de un conocimiento detallado de los incentivos y limitaciones de funciones o ciudadanía[10], por lo que además de identificar los trámites que son más propensos a la ocurrencia de prácticas de corrupción, es necesario conocer el entorno organizacional e institucional que conlleva a una situación de corrupción en la interacción entre el servidor público y el ciudadano. Por ejemplo, un trámite con tiempos amplios de atención y en el que además los requisitos no son del todo claros, puede ser más propenso a la corrupción. Al contrario, si un trámite requiere poco tiempo para llevarlo a cabo, y hay un estándar ofrecido públicamente, las ventanas de oportunidad para que exista una práctica de corrupción se pueden reducir.

A través de la ENCIG se tiene una aproximación a los niveles de burocratización del trámite para tener una perspectiva integral del fenómeno mediante diversas dimensiones de calidad (tiempo invertido, las barreras que enfrentó, el trato que se recibió, si se obtuvo lo que el usuario requería), la satisfacción general del trámite y la ocurrencia de corrupción. De este modo, en la gráfica 9, se puede observar una comparación entre la satisfacción del usuario al realizar los trámites, frente a aquellos que tienen mayor índice de corrupción. Con base en estos resultados, los cuatro primeros trámites (trámite de pasaporte, registro civil, pago de agua potable, pago de luz) que reportan mayor satisfacción del usuario al realizarlos, son los mismos que reportan un menor índice de corrupción; mientras que los trámites que satisfacen menos al usuario (trámites ante el Ministerio Público, servicios municipales, trámites en juzgados o tribunales y permisos relacionados con la propiedad) son los que reportan un mayor índice de corrupción.

Por ello, una de las tendencias mundiales para el combate a la corrupción es la automatización de los trámites y solicitudes de servicios por medio de las TIC’s, lo que supone que al reducir la interacción cara a cara entre el ciudadano y el empleado de gobierno ayudarían a anular la posibilidad de la existencia de prácticas de corrupción. De forma que, al contar con instrumentos de medición tanto de las dimensiones de calidad, como de las propias experiencias de corrupción, se ofrece un panorama más amplio del fenómeno de la corrupción.

Programas y mecanismos anticorrupción en las Administraciones Públicas Estatales

Para hacer frente a este fenómeno, en México existen varias normas que tienen como objetivo prevenir y combatir la corrupción en las instituciones públicas. En cuanto a tratados internacionales, además de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, México también es una Estado firmante de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, la cual tiene una finalidad similar a la otra Convención. Además de estos instrumentos internacionales, el Estado Mexicano cuenta con leyes federales y estatales para hacer frente a la corrupción en el ámbito gubernamental.

El Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incluye una serie de artículos referentes a las responsabilidades de los servidores públicos. Se establece la necesidad de que las legislaturas en las entidades federativas expidan leyes para sancionar a servidores públicos que incurran en actos de corrupción. Asimismo, en las administraciones públicas estatales se han ido creando acuerdos para implementar acciones que tengan como objetivo evitar los actos ilícitos y abusos de autoridad por parte de los servidores públicos, además de promover una cultura de legalidad, rendición de cuentas y transparencia.

Algunas de estas acciones se han integrado para crear programas anticorrupción en las entidades federales. A través del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2013, se ha logrado recopilar información sobre los temas que fueron atendidos en los programas anticorrupción de las administraciones públicas estatales. En la gráfica 10, se puede observar la disponibilidad de los temas atendidos en las entidades. Los mecanismos de denuncia ciudadana y la declaración patrimonial de servidores públicos fueron los que estuvieron presentes en la mayor cantidad de entidades al registrarse en 30 de éstas. Por otra parte, la evaluación de resultados del programa anticorrupción y el tratamiento o reducción de riesgos o actos de corrupción fueron los temas con menor disponibilidad, ya que cada uno se reportó en 15 entidades federativas.

El establecimiento de programas anticorrupción en las entidades federativas puede ser de utilidad para fortalecer la confianza ciudadana en la gestión pública y la cultura de legalidad en los procesos de gobierno a través de la transparencia, la rendición de cuentas y una mayor participación ciudadana en dichos procesos. Además de atender ciertos temas con el fin de lograr este objetivo, los programas anticorrupción también toman en cuenta los trámites y servicios que brindan las administraciones públicas. Mediante la atención de estos trámites, servicios y/o procesos se busca disminuir los posibles riesgos de corrupción a la hora de realizarlos.

Con base en los resultados presentados en la gráfica 11, los tres trámites, servicios y/o procesos con mayor disponibilidad fueron de tránsito o transporte, relacionados al pago de impuestos y de seguridad pública al estar presentes en 17, 16 y 15 entidades respectivamente; mientras que los referentes a limpia, recolección de basura y/o disposición final de desechos; construcción, obra y/o remodelación de viviendas particulares; y licencias de funcionamiento para negocios estuvieron disponibles en 4, 7 y 9 entidades respectivamente. La inclusión de trámites, servicios y/o procesos en los programas anticorrupción de las administraciones públicas estatales tiene como finalidad disminuir la victimización de corrupción de los ciudadanos ante las instituciones gubernamentales.

Programas anticorrupción en las Administraciones Públicas Municipales

La implementación de programas anticorrupción no solo se limita a las administraciones públicas estales, o incluso la federal. Los gobiernos municipales también tienen la facultad de crear acuerdos para el establecimiento de estos programas dentro de sus procesos. La cantidad de municipios en la República Mexicana (2 mil 457) y las amplias diferencias en cuanto a su extensión territorial y población hacen que los resultados sobre la disponibilidad de temas y trámites, servicios y/o procesos atendidos por los programas anticorrupción sean muy variados, y en general poco comparables. Sin embargo, es importante conocer la disponibilidad de los mismos programas en las administraciones públicas municipales y los temas y trámites que atienden, en especial debido a que la mayoría de los trámites y servicios realizados por los ciudadanos se llevan a cabo a nivel municipal.

De acuerdo a la información de la gráfica 12, la mayoría (67%) de las administraciones públicas de los municipios y delegaciones no cuentan con un programa anticorrupción, mientras que 27% declararon contar con uno. La diferencia en el tamaño de las distintas administraciones públicas municipales podría influir sobre este resultado debido a la capacidad (o falta de ella) para poder implementar un programa anticorrupción. Como se puede apreciar en la gráfica 13, la disponibilidad de programas anticorrupción es mayor en municipios con poblaciones más grandes. En los municipios de un millón o más habitantes la disponibilidad de estos programas fue de 72.7%, mientras que en los municipios de 10 mil o menos habitantes la disponibilidad fue de poco menos de 13 por ciento.

Además de la capacidad para poder implementar un programa anticorrupción, también se puede analizar la cobertura de éstos con respecto a la población de los municipios o delegaciones. A pesar de que el mayor número de municipios se encontraban en el intervalo más bajo de población, no necesariamente contaban con la mayor proporción de población en comparación con los demás intervalos. El número de habitantes que hubo en el total de estos municipios fue de aproximadamente 4 millones 391 mil 884 personas, el menor entre los seis intervalos de la gráfica 13. En contraste, a pesar de que en el intervalo de más de un millón de habitantes sólo hubo 11 municipios o delegaciones, el total de población de éstos fue de 15 millones 925 mil 179 personas; y debido a que la mayoría de los municipios dentro de este intervalo disponían de un programa anticorrupción, la cobertura fue mayor que en el menor intervalo.

De los municipios y delegaciones que habían reportado contar con un programa anticorrupción, es posible conocer los temas y trámites, servicios y/o procesos que fueron atendidos. De manera similar a los resultados obtenidos a partir del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Estatales 2013, los cuatro temas con mayor disponibilidad en los programas anticorrupción municipales fueron declaración patrimonial de servidores públicos; mecanismos de denuncia ciudadana; identificación de trámites, servicios y/o procesos propensos a conductas asociadas a la corrupción; y difusión y capacitación a servidores públicos con base en códigos de ética. Los primeros dos temas fueron atendidos por la mayoría de los programas anticorrupción, al estar disponibles en 75.7% y 67.8% respectivamente. Por otra parte, los temas atendidos con menor disponibilidad fueron los operativos de programas de usuario simulado o similares; y la evaluación de los resultados de la implementación del programa al estar presentes en 12.2% y 24.6% de los programas anticorrupción municipales y delegaciones.

Evaluación a personal con funciones de seguridad pública

La evaluación del personal de las instituciones de seguridad pública se establece como una obligación básica del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que en el artículo 21 Constitucional se define que este sistema debe contemplar la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, incluyendo las del ámbito estatal y del Distrito Federal.

Con base en los resultados del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Estatales, 2013, en la gráfica 14 se muestra el total del personal que fue evaluado en algún centro de evaluación y control de confianza en el nivel nacional según el estatus de su presentación durante el año. En esta gráfica las cifras se dividen en personal destinado a funciones de seguridad pública, personal evaluado y personal que aprobó todas las evaluaciones que tuvo que presentar. El número de personal destinado a funciones de seguridad pública y, por lo tanto, obligado a presentar evaluaciones de esta naturaleza, fue de 201 mil 532 funcionarios; mientras que el número que fue evaluado durante el año fue de 139 mil 879 personas; y, por último, el número de personal que aprobó todas las evaluaciones fue de 121 mil 066 personas. En términos porcentuales, la proporción de personal evaluado del total que desempeñó funciones en la materia fue de 69.4%; mientras que el porcentaje de personal que aprobó el total de las evaluaciones fue de 60.1% del total.

BIBLIOGRAFÍA

Caiden, Gerald E. “La democracia y la corrupción”, Reforma y Democracia, núm. 8 (mayo 1997).

Consejo Nacional de Población. Proyecciones de la Población de México 2010-2050. México, CONAPO, 2013.

Hall, David. “Corrupción y servicios públicos”, Public Services Internacional, Publications & Research, http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/es_psi_exec_summary_corruption_and_public_services.pdf (Fecha de consulta: 28 de noviembre de 2014).

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales, 2013. Bases de datos. México, INEGI, 2013.

—— Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, 2013. Bases de datos. México, INEGI, 2013.

—— Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 2013. Tabulados básicos.  México, INEGI, 2013.

—— Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Publica, 2013. Tabulados básicos. México, INEGI, 2013.

Johnston, Michael. “Es posible medir la corrupción, ¿pero podemos medir la reforma?”, Revista Mexicana de Sociología, núm. 2 (2005): 358.

United Nations Office on Drugs and Crime. Business, Corruption and Crime in the Western Balkans: The impact of bribery and other crime on private enterprise. (Vienna: UNODC, 2013).

[1] Hall, David. “Corrupción y servicios públicos”, Public Services Internacional, Publications & Research, http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/es_psi_exec_summary_corruption_and_public_services.pdf (Fecha de consulta: 28 de noviembre de 2014).

[2] Idem.

[3] Ídem.

[4] Entre las características de la ENCIG 2013, se encuentran las siguientes: encuesta de tipo polietápico, estratificado y por conglomerados, con año de referencia 2013; tamaño de muestra nacional de 33 000 viviendas; la unidad de observación es la vivienda particular seleccionada, los hogares, los residentes del hogar y la persona seleccionada en el hogar (aleatorio); la población objeto de estudio es la de 18 años y más que reside en viviendas particulares en áreas urbanas de 100 000 habitantes y más; la cobertura geográfica y representatividad es a nivel nacional y por entidad federativa para áreas urbanas de 100 000 habitantes y más.

[5] El sector social se refiere a aquellas instituciones que se conforman independientemente de una estructura formalmente establecida, tal como: familia, vecinos, compañeros de trabajo, entre otras; y que influyen de manera importante en el comportamiento y en la interacción de los individuos.

[6] Para mayor información y desagregación por entidad federativa, consultar tabulado 4.4 publicado en la página del INEGI. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/encig/2013/

[7] Gerald E. Caiden, “La democracia y la corrupción”, Reforma y Democracia, núm. 8 (mayo 1997): 16.

[8] UNODC, Business, Corruption and Crime in the Western Balkans: The impact of bribery and other crime on private enterprise (Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2013). Pág. 19.

[9] Dentro del grupo que realizó al menos un trámite de forma personal y tuvo contacto con un servidor público, los hombres realizaron 6.28 trámites en promedio (con un intervalo de confianza del 95% entre 6.04 y 6.53) y las mujeres 6.88 (con un intervalo de confianza del 95% entre 6.64 y 7.12). Esto permite decir que las mujeres realizan más trámites que los hombres.

[10] Michael Johnston, “Es posible medir la corrupción, ¿pero podemos medir la reforma?”, Revista Mexicana de Sociología, núm. 2 (2005): 358.