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La CEAV recibe con beneplácito reconocimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a través de su Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales recibe con beneplácito el conjunto de disposiciones tendentes a la garantía y ejercicio efectivo de estos derechos, así como la protección reforzada a las niñas, los niños y los adolescentes víctimas del delito o de violaciones a los derechos humanos.

La CEAV recibe con beneplácito reconocimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Por Roberto Robles

26 enero 2015;  México, D.F.-La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a través de su Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales recibe con beneplácito el conjunto de disposiciones tendentes a la garantía y ejercicio efectivo de estos derechos, así como la protección reforzada a las niñas, los niños y los adolescentes víctimas del delito o de violaciones a los derechos humanos.

 

En este sentido, la CEAV refrenda su compromiso para hacer valer los derechos de las víctimas y en particular los de niñas, niños y adolescentes.

 

El 4 de diciembre de 2014 se publicó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Diario Oficial de la Federación. En materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se prevén deberes y obligaciones a cargo de diversas autoridades como, por ejemplo, promover la participación de acuerdo con aspectos culturales, educativos y de salud; adoptar medidas de protección especial a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad debido a circunstancias socioeconómicas, alimentarias, psicológicas, físicas, de discapacidad, de identidad o prácticas culturales; tomar medidas necesarias cuando haya afectación a causa de la necesidad de trabajar antes de los quince años o por el trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su desarrollo físico o mental, o que implique formas de trabajo infantil o trabajo forzoso; garantizar el derecho a la seguridad social.

 

De igual forma destaca “desarrollar políticas para fortalecer la salud materno infantil y aumentar la esperanza de vida”; garantizar el derecho al descanso, el esparcimiento, a fomentar oportunidades apropiadas para su participación en actividades culturales, artísticas y deportivas dentro de su comunidad; difundir información y material que tenga por objeto el desarrollo cultural, la salud física y mental; proporcionar a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes asistencia médica, psicológica y atención preventiva integrada a la salud; garantizar el derecho a la salud, por parte de los sistemas nacional y estatales de conformidad con el derecho de prioridad, el interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y la no discriminación; y garantizar “la consecución de una educación de calidad, así como la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma”.

 

En cuanto a los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes en materia económica, social, cultural o ambiental, es destacable señalar que la ley reconoce el derecho a vivir en familia; el derecho a la no discriminación; el derecho a vivir en un medio ambiente sano, sustentable y en condiciones que permitan su desarrollo físico, mental, cultural y social, entre otros.

 

Respecto del derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como del derecho a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad, importa destacar que la coordinación entre las distintas autoridades debe tener como fin “asegurar la prestación de servicios de atención médica respetuosa, efectiva e integral durante el embarazo, parto y puerperio”, la promoción de la lactancia materna, la prohibición, sanción y erradicación de “cualquier forma de violencia obstétrica”, entre otros aspectos relevantes.

 

De igual manera, importa resaltar, el reconocimiento del derecho a una educación de calidad; el derecho a participar en actividades culturales, deportivas y artísticas (como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento); el derecho a la libertad de cultura; el derecho a disfrutar de la lengua, cultura, usos, costumbres, prácticas culturales […] y todos los elementos que constituyan su identidad cultural, entre otros. En particular se dispone que las distintas autoridades deben garantizar la implementación de “mecanismos para la atención, canalización y seguimiento de los casos que constituyan violaciones al derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes”, lo cual implica un procedimiento para la debida garantía del derecho.

 

Por otra parte, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce una serie de disposiciones específicas en favor de la infancia victimizada; en particular establece deberes y obligaciones a cargo de las autoridades como promover la recuperación física y psicológica, la restitución de derechos para garantizar su pleno ejercicio y la reincorporación en la vida cotidiana; garantizar “la protección de la identidad e intimidad de niñas, niños y adolescentes que sean víctimas, ofendidos, testigos o que estén relacionados de cualquier manera en la comisión de un delito”; garantizar en los procedimientos jurisdiccionales un conjunto de derechos a niñas, niños o adolescentes que sean probables víctimas del delito o testigos; adoptar “medidas necesarias para evitar la revictimización de niñas, niños y adolescentes que presuntamente son víctimas de la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos”.

 

Cabe señalar que la ley en cita, dispone que en caso de victimización por delitos se aplicará la Ley General de Víctimas. Aclarando que los protocolos de atención deben considerar su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. Además de que el cumplimiento de esta disposición tiene que conseguirse a través de la coordinación entre el Sistema Nacional de Protección Integral y el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, concretamente a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.