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Exhorta la CEAV a las autoridades competentes a analizar el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Aguas

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a través del Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, ha dado seguimiento al proceso del proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Aguas, así como a los pronunciamientos realizados por diversas organizaciones sociales, tales como la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) y Greenpeace, entre otras.

Exhorta la CEAV a las autoridades competentes a analizar el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Aguas

Por Roberto Robles.

10 marzo 2015;  México,  D.F.-La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a través del Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, ha dado seguimiento al proceso del proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Aguas, así como a los pronunciamientos realizados por diversas organizaciones sociales, tales como la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) y Greenpeace, entre otras.

 

En este sentido, exhorta a las autoridades competentes a aplicar el enfoque de derechos humanos, de tal suerte que la discusión legislativa gire en torno a la protección del derecho al agua del que son titulares todas las personas en territorio nacional por disposición constitucional y, por tanto, que dicho derecho sea protegido en términos de los estándares nacionales e internacionales. Lo anterior cobra especial relevancia debido a que el derecho al agua está íntimamente relacionado con otros derechos esenciales para las personas, como el derecho al goce del nivel más alto posible de salud, el derecho a la alimentación adecuada, al derecho al mínimo vital y a la vida digna, entre otros.

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en el artículo 4o. que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”. Aunque el derecho al agua no está expresamente reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha señalado “que forma parte del derecho a un nivel de vida adecuado, al igual que los derechos a disponer de alimentación, de una vivienda y de vestido adecuados”.

 

De la misma forma, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en la Observación general núm. 15 definió el derecho al agua como “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica”.

 

Según se desprende de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, las Comisiones de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos aprobaron el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Aguas, mismo que será discutido próximamente por el Pleno de la Cámara de Diputados.

 

Resulta importante señalar que dicho proyecto define al “mínimo vital” como “el volumen de agua para consumo personal y doméstico que se otorga con la periodicidad que permite al individuo cubrir sus necesidades básicas que corresponde a cincuenta litros diarios por persona”, sin embargo, más adelante establece que “el derecho humano al agua comprende la obligación de la autoridad competente de garantizar a los asentamientos humanos”, entre otras cosas, “la dotación del mínimo vital”.

 

Como han ya visibilizado también otros actores, el derecho debe protegerse y garantizarse a las “personas”, más no a los “asentamientos humanos”, además de que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha determinado que por persona se requieren entre 50 y 100 litros de agua al día para cubrir la mayoría de las necesidades básicas y evitar la mayor parte de los problemas de salud. Como se puede observar, 50 litros constituye la cantidad más baja dentro del rango propuesto por dicho organismo, por lo cual, debería reconsiderarse, en atención a las necesidades de las personas y para cumplir verdaderamente con el mínimo vital en la materia.

 

Cabe señalar que el Poder Judicial Federal ha indicado que “en el orden constitucional mexicano, el derecho al ‘mínimo vital’ o ‘mínimo existencial’, el cual ha sido concebido como un derecho fundamental que se apoya en los principios del Estado social de derecho, dignidad humana, solidaridad y protección de ciertos bienes constitucionales”, y que está referido a la “satisfacción y protección de diversas prerrogativas que, en su conjunto o unidad, forman la base o punto de partida desde la cual el individuo cuenta con las condiciones mínimas para desarrollar un plan de vida autónomo y de participación activa en la vida democrática del Estado (educación, vivienda, salud, salario digno, seguridad social, medio ambiente, etcétera)”.