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PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Iniciativa que presenta la Diputada Lariza Montiel Luis, conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Alonso José Ricardo Lujambio Irazábal” del Partido Acción Nacional…

PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

Agencia de Noticias SIP

Iniciativa que presenta la Diputada Lariza Montiel Luis, conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Alonso José Ricardo Lujambio Irazábal”  del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad legislativa que nos concede el artículo 59 Fracción I, 67 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y con fundamento en los artículos 22 Fracción V, 144 Fracción I, 158, 159 Y 160  de la Ley Orgánica del Congreso Local, presentamos una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA REFROMAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE  JUSTICIA PARA ADOLESCENTES  DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

 

Con base en la siguiente:

 

Exposición de motivos

 

Entre los argumentos que fundamentaron la aprobación de la reforma al artículo 18 Constitucional, para que federación, estados y Distrito Federal crearan los sistemas de justicia para adolescentes, de acuerdo a la minuta del Senado aprobada de forma unánime (368 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones), por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; resaltan los siguientes, tomado del documento en cita:

Inicia de la cita textual “….Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e Materia de Justicia para Adolescentes.

………….

………..es procedente reflejar en el texto del artículo 18 Constitucional elementos de sistemática técnica-jurídica propios de la concepción garantista del proceso acusatorio en la investigación y enjuiciamiento de las conductas consideradas como delitos en las leyes, y que se atribuyan a los adolescentes. … Es decir, que en el caso de una conducta atribuida a un adolescente, … que estrictamente pueda iniciarse la investigación si a dicha persona se le atribuye la realización de un hecho o la participación en hechos que la legislación penal considere como delito. Esta previsión, desde luego, en nada limita el disfrute y ejercicio del conjunto de derechos humanos del adolescente con relación a una situación en la cual se aduzca un eventual conflicto con la ley penal. …

Se consideró que en el movimiento actual de las políticas públicas para la atención de dichas personas, se alienta la aplicación de los principios de reinserción social y de normalización social. Al primero se le entiende como una determinación por apreciar a quien se ha señalado como responsable de un ilícito penal, como una persona en lo individual, ante quien se precisa apreciar sus carencias y limitaciones para que la acción del poder público se concentre en la aportación de los servicios que requiere para superar unas y otras; más que resocializar al responsable de un ilícito penal, generar la atención social que permita la superación de las carencias que podrían impedirle una adecuada reinserción en la sociedad.

En cuanto al principio de normalización social, se entiende como el aliento a que la vida durante la privación de la libertad se asemeje en lo máximo posible a la vida con acceso a la sociedad a través de diferentes instancias y patrones de comportamiento dentro del centro de internamiento. …

En tal virtud, se ha estimado procedente plantear que las medidas de internamiento para los menores de edad en conflicto con la ley penal tengan como fin “la reinserción y reintegración social y familiar del adolescente”. ..

……………..

Estas comisiones dictaminadoras desean precisar que en el concepto de “asistencia social” al que podrán ser sujetos (los menores de doce años que hayan cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito), implica la gama de acciones necesarias en el ámbito de las responsabilidades del poder público para la debida atención de las personas menores de doce años de edad a quienes se le hubiere atribuido la comisión o participación en un hecho señalado por la ley como delito. …

Adicionalmente, con relación al párrafo sexto del artículo 18 Constitucional, se propone introducir el señalamiento específico de que “el proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral”, así como desvincular a la connotación de que determinado ilícito penal es grave, la premisa de que la medida de internamiento para los adolescentes mayores de catorce años de edad será una medida extrema y por el tiempo más breve que proceda. …

CONSIDERACIONES
…………se considera conveniente citar los Tratados Internacionales que nuestro país ha suscrito y ratificado, relativos a menores, a fin de especificar las normas que nos obligan como Estado parte a respetar sus derechos y constituyen ley vigente.

a) Convención sobre los Derechos de la Niñez.

Esta convención fue firmada por México el 26 de enero de 1990, ratificada por el Senado de la República el 19 de junio de 1990 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 1990.

El artículo 37 dispone:

“Los Estados Partes velarán porque:

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;
b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda ;
c) Todo niño privado de la libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de la libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño , y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales………..
El artículo 40 establece:

“1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tenga en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad………..

b) Convención Americana sobre Derechos Humanos o “Pacto de San José”
………….

Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.
………….

c) Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la justicia de Menores “Reglas de Beijing”:
……

Prisión Preventiva
13.1 Sólo se aplicará la prisión preventiva como último recurso y durante el plazo más breve posible .

13.2 Siempre que sea posible, se adoptarán medidas sustitutorias de la prisión preventiva, como la supervisión estricta, la custodia permanente, la asignación a una familia o el traslado a un hogar o a una institución educativa….” Fin de la cita textual.

En este orden de ideas, el sistema de justicia para adolescentes se distingue del sistema aplicado a los adultos que realizan conductas delictivas entre otros elementos, por los siguientes:

I.- No tratar al adolescente igual que a un adulto.

II.- Lograr su rehabilitación y reinserción social en el menor tiempo posible.

III.- No someterlos a penas extremas, como la cadena perpetua, o la pena de muerte, ya abolida en nuestro país.

IV.- Que gocen de toda clase de apoyos (sicológico, educativo, ocupacional, familiar y demás) para lograr una rehabilitación integral y efectiva.

V.- Que cuenten con todas las garantías del proceso penal que la Constitución General de la República y los Tratados Internacionales reconocen a las personas sometidas a la acción penal.

VI.- Que el internamiento definitivo o de largo plazo, sea aplicable sólo a casos extremos en los términos de la legislación correspondiente y de acuerdo a los criterios debidamente fundados, motivados y razonados de parte del juzgador para cada caso. Y;

VII.- Que el adolescente que se convierte en adulto durante su tratamiento institucional y  sea trasladado a un Centro de Reinserción Social para adultos, pueda seguir bajo el tratamiento y observación iniciados durante su minoría de edad e internado en una sección especial para personas en su condición del centro penitenciario que corresponda.

Sirvan para robustecer los elementos antes mencionados lo siguientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Tesis: 76/2008; dieciocho de agosto de dos mil ocho.

SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS MEDIDAS, CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El indicado principio tiene tres perspectivas: 1) Proporcionalidad en la punibilidad de las conductas, referida a la que el legislador señala para los delitos previstos en la norma general aplicable a los menores, la cual podrá verse satisfecha una vez que se señalen penas distintas para cada conducta tipificada como delito. 2) Proporcionalidad en la determinación de la medida, la cual considera tanto las condiciones internas del sujeto, como las externas de la conducta que despliega, esto es, deberá atender tanto al bien jurídico que quiso proteger como a su consecuencia, sin que implique el sacrificio desproporcionado de los derechos de quienes los vulneran; de manera que el juzgador puede determinar cuál será la pena aplicable, que oscila entre las que el legislador estableció como mínimas y máximas para una conducta determinada. 3) Proporcionalidad en la ejecución, que implica el principio de la necesidad de la medida, lo que se configura no sólo desde que es impuesta, sino a lo largo de su ejecución, de manera que la normatividad que se expida debe permitir la eventual adecuación de la medida impuesta para que continúe siendo proporcional a las nuevas circunstancias del menor.

Tesis: 77/2008; dieciocho de agosto de dos mil ocho.

INTERNAMIENTO DEFINITIVO. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD EJECUTORA DETERMINAR EL MOMENTO PARA LA SUSTITUCIÓN DE ESA MEDIDA POR LA DE MENOR GRAVEDAD (CÓDIGO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE PUEBLA).

Aun cuando ese ordenamiento no establece expresamente a qué autoridad corresponde determinar el momento en que debe aplicarse la medida de menor gravedad por la que puede ser sustituida la definitiva impuesta, de una interpretación sistemática del citado ordenamiento se colige que si bien corresponde a la autoridad judicial establecerla, dado el conocimiento directo que tiene del adolescente durante el procedimiento, a la autoridad ejecutora corresponde aplicarla y, en su caso, determinar el momento apropiado para hacerla efectiva, pues con base en los resultados que durante la etapa de ejecución arroje el adolescente respecto del plan individualizado de ejecución, elaborado por las autoridades del centro de internamiento y autorizado por la Dirección de Ejecución de Medidas, tiene también facultad de decidir en un momento dado si resulta o no contraproducente, para la total reinserción de aquél, que siga cumpliendo con la medida principal y, por ende, la conveniencia de que ésta sea sustituida por la de menor gravedad; sobre todo porque la medida de mayor gravedad es aplicada por la autoridad ejecutora en el momento en que considera que el adolescente ha incumplido con la medida principal, de forma tal que es de considerarse que el sustitutivo de menor gravedad debe ser también aplicado por ella, pues tiene como finalidad reintegrar al adolescente a su ámbito social y familiar, así como el desarrollo de su persona y capacidades, sin necesidad de que cumpla la medida definitiva.

En la Ley Federal de Justicia para Adolescentes que aún no entra en vigor, se puede apreciar lo siguiente:

 

Sección III

Internamiento Permanente

Artículo 121. La medida de internamiento permanente es la más grave prevista en esta Ley; consiste en la privación de la libertad y se debe cumplir exclusivamente en los centros federales de internamiento, de los que podrán salir el adolescente o adulto joven sólo mediante orden escrita de autoridad judicial.
La duración de esta medida deberá tener relación directa con los daños causados, sin poder ser inferior a un año ni superior a cinco años cuando el adolescente o adulto joven tenga una edad de entre catorce años cumplidos y menos de dieciséis años al momento de realizar la conducta, y cuando tenga una edad de dieciséis años cumplidos y menos de dieciocho años no podrá ser inferior a dos años ni superior a siete años.

Asimismo, este ordenamiento resalta que quienes cometieron delitos en la adolescencia y luego  alcanzan la mayoría de edad,  en caso de haber recibido pena de internamiento, deben estar en lugares especializados y seguir llevando el tratamiento institucional correspondiente que iniciaron durante su minoría de edad.

Al revisar la Ley de Justicia para Adolescentes de Coahuila, nos topamos con lo siguiente:

El artículo12, hace referencia a las leyes y disposiciones que se deben observa en relación a las garantías básicas y especiales, mencionado entre otras, la Ley Federal para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; pero no cita el similar ordenamiento del Estado de Coahuila.

El Artículo 28, si bien hace referencia a que una vez cumplidos los 18 años de edad, deben ser internados en áreas especiales de los centros de readaptación social, no menciona nada respecto a seguir con el tratamiento y derechos con los que contaban siendo menores de edad.

El artículo 32, habla de que los ministerios públicos encargados de la justicia para adolescentes deberán contar con conocimientos en la materia, pero no especifica que estos deban acreditarse de algún modo.

El Artículo 35 habla de lo mismo en relación a los jueces, aunque, en este caso, dice que deben acreditar los conocimientos necesarios en la materia, sin mencionar la forma o mecanismos para obtener dichas acreditaciones.

A la vez, ambos artículos no exigen los mismos requisitos de conocimientos demostrados para el personal bajo el mando de los ministerios públicos y los jueces de la materia.

Similar situación ocurre con los magistrados y demás personal del Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes.

Por las consideraciones y argumentos expuestos, consideramos pertinente realizar las adecuaciones que se proponen a nuestra Ley de Justicia para Adolescentes.
Por todo lo expuesto, tenemos a bien presentar la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se modifica el contenido del artículo 12, así como el contenido de los artículos 28; primer párrafo del 32; primer párrafo del 35 y tercer párrafo del 172  DE LA LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

 

 

ARTÍCULO 12.- GARANTÍAS BÁSICAS Y ESPECIALES. Desde el inicio de la investigación y durante la tramitación del proceso judicial, a los adolescentes les serán respetadas las garantías procesales básicas para el juzgamiento de adultos; además, las que les correspondan por su condición especial. Se considerarán fundamentales las garantías consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los instrumentos internacionales ratificados por México, en la Constitución Política del Estado de Coahuila, en la Ley Federal para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la Ley  del Sistema Estatal  para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas, Niños  del Estado de Coahuila de Zaragoza  y en las demás leyes relacionadas con la materia objeto de éste ordenamiento.

……………..

ARTÍCULO 28.- INTERNAMIENTO EN CENTROS EXCLUSIVOS O ÁREAS ESPECIALIZADAS. En caso de ser privados de la libertad, de manera provisional o definitiva los adolescentes serán ubicados en un centro exclusivo para ellos o, en su caso, en las áreas especializadas de los centros de readaptación social cuando cumplan dieciocho años de edad, donde continuarán con su tratamiento en los términos del artículo 172 de la presente. De ser detenidos por las fuerzas de seguridad pública, éstas destinarán áreas exclusivas para los adolescentes y deberán remitirlos cuanto antes a los centros especializados.
…………….

 

ARTÍCULO 32.- AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADOS. Los Agentes del Ministerio Público Especializados de la Fiscalía General del Estado, además de los requisitos previstos por la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y de la Ley de Procuración de Justicia del Estado, deberán contar con conocimientos debidamente acreditados sobre el estudio, prevención y tratamiento de la conducta de los adolescentes.

…………….

 

ARTÍCULO 35.- ÓRGANOS JUDICIALES COMPETENTES. Los Jueces competentes para conocer y decidir en primera instancia sobre los hechos ilícitos cometidos por adolescentes, así como para hacer ejecutar sus resoluciones, serán designados conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y tendrán los derechos y obligaciones que en ella se establecen, debiendo acreditar, además de los requisitos previstos en la misma, conocimientos sobre el estudio, prevención y tratamiento de la conducta de los adolescentes de conformidad a los instrumentos de evaluación que determine el Poder Judicial del Estado.

…………….

 

ARTÍCULO 172.-  Párrafos uno y dos……

 

Las personas que se encuentren en tratamiento dentro de los Centros de Internación, al alcanzar los dieciocho años de edad serán trasladadas al Centro de Readaptación Social que corresponda, a efecto de que en un área especial de dicho Centro exclusiva para adolescentes sujetos a internación que han alcanzado la mayoría de edad, continúen con el tratamiento respectivo, bajo la supervisión y seguimiento de las autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes hasta obtener, en su caso, y a juicio de las autoridades de conformidad a la ley y a los criterios que resulten aplicables, su liberación.