Hay que regular la gestación por sustitución, pero sin violar derechos humanos: CEAV
Por Roberto Robles.
20 octubre 2015; México, D.F.-La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) , a través de sus comités de No Discriminación y de Violencia Sexual, expresa su preocupación ante la posibilidad de que se apruebe la iniciativa de reforma que modificaría la Ley General de Salud, en el sentido de prohibir y penalizar la gestación por sustitución en México.
Esta iniciativa, elaborada por la senadora Mely Romero -presentada el pasado 13 de octubre ante el Pleno del Senado de la República y que actualmente se encuentra en la Comisión de Salud para ser analizada y discutida-, violaría toda una serie de derechos humanos garantizados en la Constitución y tratados internacionales suscritos por nuestro país.
La CEAV manifiesta su preocupación por regular, en el marco de los derechos humanos, cualquier práctica que pueda derivar en explotación sexual. Sin embargo, prohibir y penalizar la gestación por sustitución, como lo plantea la iniciativa de la Senadora Romero, no resuelve el problema. La aprobación de esta iniciativa violaría la Constitución y tratados internacionales suscritos por México para evitar la discriminación y para procurar la autonomía reproductiva, además de que dejaría en indefensión jurídica a las personas involucradas.
La iniciativa no soluciona trata y explotación sexual
Específicamente, la propuesta de la senadora Romero y otros legisladores, es violatoria del derecho a la no discriminación, consagrado en el Artículo 1o. constitucional, ya que excluye a mujeres, hombres o parejas que tienen como única opción la gestación por sustitución para procrear biológicamente.
La penalización y criminalización de todas las personas involucradas en un proceso de gestación por sustitución, no constituye una medida efectiva contra la trata y la explotación sexual. Para ello, sería indispensable contar con legislación que regule y que prohíba abusos y discriminación, además de dar certidumbre jurídica para proteger los derechos de quienes se involucren, en congruencia con el marco de Derechos Humanos.
Esta Comisión advierte que de prohibirse y penalizarse la gestación por sustitución, se violaría la Constitución Política, específicamente el derecho a fundar una familia, a beneficiarse de los avances científicos y a la vida privada (autonomía reproductiva).
Asimismo, la aprobación de esta iniciativa generaría un clima social de persecución y criminalización a las personas involucradas, incluso a menores de edad y en especial a las mujeres gestantes, estableciendo patrones claramente discriminatorios.