OPINIÓN
Por Guillermo Robles Ramírez
El azar que no se cansa
Fíjense ustedes cómo pasan los años y ciertas cosas se quedan pegadas al país como el polvo del desierto en las calles de Torreón o en las veredas de Arteaga. Me acuerdo de que el juego, las apuestas, las maquinitas que llaman a la gente con luces y promesas. La semana pasada, mientras tomaba café con un viejo conocido de Monclova, salió el tema otra vez. “Pos la cosa es que nunca se acaba”, me dijo. Y tiene razón.
Hace 16 años, cuando todavía gobernaba Felipe Calderón, desde la Secretaría de Gobernación se juraba y perjuraba que no se había otorgado un solo permiso nuevo para casinos. Que con esa negativa se combatían las jugadas ilegales. Sonaba bien, ¿verdad? Pero la verdad completa era otra. Vicente Fox, el presidente anterior, se había empachado entregando licencias a diestra y siniestra. Más de trescientos permisos en su sexenio, saturando el mercado como para que alcanzaran a la clientela de los siguientes veinticinco años. Luego Calderón sumó ciento cincuenta y cuatro más. Peña Nieto otros ciento veintitrés. Y así quedó el mapa: un montón de autorizaciones que todavía hoy, en este 2026, siguen operando bajo los mismos dueños o arrendados a terceros.
Hoy, según los números que maneja la propia industria y los registros de Gobernación, andan por ahí unos cuatrocientos veintitrés centros de apuestas abiertos en treinta estados. Baja California lleva la delantera con cuarenta y cinco, Nuevo León cuarenta y uno, Jalisco treinta y nueve. Sonora, la capital, el Estado de México… casi todos tienen. ¿Y Coahuila? Cero. Desde 2012, cuando se reformó la Constitución estatal, aquí se prohibió de raíz. Ni uso de suelo ni licencia de construcción para ese giro. Y se ha mantenido. Manolo Jiménez lo ha dicho claro: no hay marcha atrás. Pero imagínense nomás… eso no significa que el vicio se haya ido.
La pregunta que uno se hace, después de tantos años y tantos permisos, es si de verdad sirvió de algo abrir tantos casinos “legales” para combatir los ilegales. La respuesta, con todo respeto, es que no del todo. O mejor dicho: casi nada. Porque el mexicano, y el crimen organizado junto con él, tienen una creatividad que no se cansa. Mientras las autoridades federales anunciaban que no daban más licencias, o que las que salían eran por órdenes de jueces, como esos veinte que se autorizaron a una empresa en los últimos meses del gobierno de López Obrador, por abajo seguían naciendo las casas clandestinas. En Nava clausuraron una hace unos meses, en pleno centro. En Monclova aparecen minicasinos en pasajes y tiendas. En Saltillo todavía se anuncian máquinas tragamonedas en redes, aunque estén prohibidas hasta por reglamento federal. Se mueven, cambian de local, abren los fines de semana, se disfrazan de otra cosa. Y cuando los cierran, vuelven a aparecer dos cuadras más allá.
Yo he visto eso de cerca. En los años que anduve de periodista por Piedras Negras y Acuña, las jugadas caseras nunca faltaban. Antes, decían, compartían ganancias con quien debía. Ahora, con tanta competencia “autorizada”, se volvieron más sigilosas, pero no desaparecieron. Y no solo eso. Hasta algunos de los que tienen permiso han terminado bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera. El año pasado, en noviembre, bloquearon cuentas de trece establecimientos por presunto lavado. Dinero en efectivo, transferencias al extranjero, plataformas digitales… el mismo cuento de siempre. ¿Solución? Pues no parece.
Mientras el jefe de familia suda en la planta de Ramos o en el campo de Arteaga para completar el gasto, a veces la jefa o el hijo terminan jalando palanca en una máquina, pidiendo a Dios y a las once mil vírgenes que les caiga el gordo. Y el gordo de la casa termina sudando doble. Eso no es nuevo. Lo que sí es nuevo es que, con tanta facilidad de internet, más de la mitad de las apuestas en línea se van a sitios que operan desde fuera, sin pagar un peso aquí ni sujetarse a nadie. La industria legal se queja, y con razón, pero el negocio sigue fluyendo por donde puede.
Gobernación se cubre diciendo que los permisos viejos no son de ellos, que la culpa es de los que se fueron. Fox, Calderón, Peña… y los pocos que salieron después, por mandato judicial. Claudia Sheinbaum ha mantenido la línea de no dar nuevos. Pero el problema de fondo no se resuelve con promesas ni con clausuras aisladas. El vicio ya está enraizado. Y mientras haya gente dispuesta a apostar lo que no tiene, y redes listas para cobrar, las casas ilegales van a seguir existiendo, más creativas que nunca.
Uno se pregunta, si alguna vez vamos a ver una regulación de verdad, una que no solo proteja a los grandes permisionarios, sino que cierre de tajo las puertas al dinero sucio y a la adicción que destroza hogares. Porque de lo contrario, seguiremos viendo lo mismo: historias de familias que se rompen mientras alguien, en algún escritorio lejano, sigue repartiendo o negando permisos como si eso bastara. El azar no se cansa. Y nosotros tampoco deberíamos cansarnos de mirarlo de frente. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México, Presea Trayectoria Humberto Gaona Silva 2023) www.intersip.org
