Se margina a jubilados y pensionados
Las reformas las califican de inconstitucionales
Por Carlos Robles Nava
22 septiembre 2015; Saltillo, Coah. (SIP) Los trabajadores jubilados y pensionados de las Universidades Autónomas Agraria “Antonio Narro”; de Coahuila; de la Sección 38 del S.N.T.E., y otros organismos que cotizan dentro del sistema de la Dirección de Pensiones para los Trabajadores de la Educación, DIPETRE, hicieron público su rechazo a la iniciativa a las reformas a la ley de pensiones y otros beneficios sociales, pues argumentan que desconocen su contenido y exigen se tomen en cuenta sus opiniones y propuestas.
Pidieron al Congreso del Estado y externaron su oposición de que el Poder Legislativo de entrada a esa iniciativa, pues los pensionados y jubilados de las dos universidades mencionadas, así como de la Sección 38 y otras instituciones afiliadas al DIPETRE, no han sido consensuados.
Calificaron las propuestas de la iniciativa en mención de inconstitucionales y fuera del marco normativo que sustenta la seguridad social, estimando que por esa razón requieren ser modificadas entre quienes son los afectados, recalcando que sus propuestas ante el Congreso pretenden corregir la desigualdad y la inconstitucional a dicha iniciativa.
Recordaron que el Gobernador, se comprometió desde septiembre del 2012 a convocar a todas las partes involucradas para elaborar de forma consensuada las reformas a las leyes de seguridad o sean pensiones y servicio médico para los trabajadores de la educación en Coahuila.
La conferencia de prensa convocada por esta coalición de sindicatos de las citadas universidades, así como de trabajadores de la educación y otros, se realizó hoy por la mañana y fue encabezada por Roxana Cuevas Flores, Secretaria General del Sindicato Único de Académicos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro; Juana Estela Guerrero Torres, Secretaria General de los Jubilados y Pensionados de la Antonio Narro; Jorge Herbey Rodríguez, Secretario General de los Jubilados y Pensionados de la Sección 38 y la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la UAdeC.
Consideraron que el gobierno del Estado, debe hacerse responsable de garantizar a todos los trabajadores la seguridad social como parte del Estado Mexicano y no solo estar involucrado como patrón de los maestros de la Sección 38, a cuyo dirigente Rubén Delgadillo, fue señalado de haberse apoderado y apropiado de los activos cuando se creo el DIPETRE.
Expusieron para que se incluya en la futura reforma, la eliminación de pagos y otros pagos ilegales al servicio médico de los pensionados y jubilados y beneficiarios; eliminar pagos adicionales a los establecidos en la Ley, así como que las cuotas y aportaciones sean proporcionales y equitativas, así como quitar la tabla por la que se disminuye la pensión a los beneficiarios del titular que ha fallecido.
Anunciaron que pedirán se auditen los recursos manejados por el DIPETRE, pero no realizados por la Auditoria Superior del Estado, en la que no confían, sino por auditores externos e igualmente que no haya aumentos de cuotas, edad o años de antigüedad porque el gobierno del Estado tiene una deuda histórica con los trabajadores afiliados a la DIPETRE.
Lamentaron que quienes están afiliados al DIPETRE paguen la pensión y el servicio médico más caro de todo el país y que es del 56 por ciento, comparando esto con las aportaciones obrero- patronales del I.S.S.S.T.E, que son del 22 por ciento del sueldo y las del Seguro Social que son del 25 por ciento.
Recalcaron que no se oponen a la propuesta del Gobernador y por el contrario, dan el sí a las modificaciones de las leyes con base a la propuesta de esta coalición, pronunciándose con un no a la propuesta porque solo considera más carga económica para el trabajador y no fue consensuada con los trabajadores.
También hicieron saber que la Auditoria Superior del Estado, ha detectado corrupción en el manejo de los recursos del DIPETRE y no se ha actuado.
Concluyendo la posición de esta coalición de que se realice una auditoría externa que identifique las causas de la quiebra de pensiones que el gobierno estatal declara y que se aplique la ley de responsabilidades a quien corresponda y se registre el patrimonio del DIPETRE.
