Llama PAN aplicar todo el peso de la ley a oficiales que agredieron a periodista
Por Jorge Moreno
02 marzo 2016; Saltillo, Coahuila.-Por unanimidad se aprobó el Punto de Acuerdo del Coordinador de los Diputados locales del PAN, Jesús de León Tello, quien solicitó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado y a la Procuraduría General de Justicia local, aplicar todo el peso de la ley a los oficiales de policía que agredieron al caricaturista Eduardo “Guayo” Valenzuela en Torreón, y lamentó que en Coahuila se registre un caso más de abuso policiaco, lo cual no debe existir en ningún municipio.
En Sesión Ordinaria, dio a conocer que en días pasados el conocido periodista Eduardo “Guayo” Valenzuela, caricaturista de gran trayectoria y prestigio en la entidad, mientras caminaba, fue detenido por policías que sin un motivo real o aparente, lo sometieron y lo esposaron, además de ser intimidado y golpeado, como él mismo lo ha dado a conocer.
Aunque más tarde, un jefe policiaco, luego de saber la actividad a la que se dedica Valenzuela, en clave dio instrucciones para que se fueran los agentes y le ofreció llevarlo a su casa o al doctor, lo cierto es que fue un claro abuso de poder que no debe suceder con ninguna persona.
“Estos deplorables actos deben terminar, se trate del municipio que sea o del Poder Ejecutivo local, y gobierne quien gobierne, los ciudadanos merecen policías que los protejan, y no que los tengan sometidos a un reinado de miedo”
Por su parte el agredido presentó la denuncia en asuntos internos de Seguridad Pública, una queja en Derechos Humanos y ayer en la delegación de la Procuraduría General de la República.
Proponen establecer plazos máximos para resolución de procesos sancionadores
La Diputada Lariza Montiel Luis presentó una Iniciativa para corregir en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales para el Estado de Coahuila disposiciones que generan incertidumbre en los procesos de sanción administrativa, pues no definen plazos en algunos procedimientos, lo que propicia que un gran número de casos tomen hasta más de cinco años en resolverse.
Lariza Montiel propuso modificar el Artículo 62 para definir que exista un plazo máximo de 15 días hábiles para que sea citado a una audiencia el presunto responsable de una falta administrativa o delito, esos días se contarán a partir de que la autoridad tenga conocimiento de los hechos que ameritan un proceso sancionador, o sea ratificada la queja o denuncia correspondiente.
Lo anterior evitará que la autoridad sancionadora, ya sea actuando por cuenta propia o mediante una denuncia de hechos, se tome un largo tiempo para decidir citar al responsable, esto es, “congelar” a discreción el procedimiento de responsabilidad.
Por otro lado, la Diputada plantea que si en dicha audiencia se requiere la práctica de nuevas investigaciones para determinar la responsabilidad del implicado y citarlo para otra audiencia, en ningún caso, el plazo para resolver en definitiva sobre la existencia o no de responsabilidad del servidor público deberá exceder de un año.
Esto porque la redacción actual es ambigua en cuanto a tiempos finales o plazos fatales, y deja en manos de la autoridad sancionadora la discrecionalidad para ordenar esas nuevas investigaciones, sin establecer un plazo límite que sea justo, prudente y razonable.