Inexistencia de flagrancia no debe frenar castigo a violadores
Por Jorge Moreno
09 mayo 2016; Saltillo, Coahuila.-La Diputada Lariza Montiel Luis manifestó que en los casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, la Procuraduría General del Estado y la policía deben coordinarse para, efectivamente, procurar que la justicia se aplique y no destruir la posibilidad de castigar a violadores y acosadores mediante detenciones mal realizadas bajo la figura de flagrancia.
Mencionó que «las autoridades deben actuar para proteger a la ciudadanía ante la comisión de todos los delitos, pero aún más cuando se ven involucrados menores de edad como víctimas», ello al referirse al caso que ha causado conmoción en Piedras Negras, del padre que violaba a sus dos hijas de 8 y 4 años de edad, y que fue liberado «por no acreditarse la flagrancia».
Explicó que la figura de flagrancia es solo una forma de detención y exige acreditar circunstancias especiales que no en todos los delitos se dan, sin embargo no es justificación para que la Procuraduría no actúe ya que cuenta por la ley con facultades de investigación, y bajo el nuevo sistema de justicia penal no sólo puede, sino debe, llevar a cabo su trabajo de la manera más pulcra para garantizar los derechos del inculpado, pero sobre todo, para garantizar que el acceso de las víctimas del delito a la justicia sea efectiva.
“En 2015 las estadísticas que evidenciaban la ineficacia de las detenciones realizadas bajo esta figura, que solicité y fue enviado al Congreso del Estado, sirvieron para reforzar capacitación de policías. En este año el gasto prioritario en materia de seguridad al que debe destinarse el FORTASEG se enfoca precisamente en capacitación sobre el sistema penal acusatorio. Pero es momento de ver resultados” comentó Lariza Montiel.
Adelantó que el Legislativo local deberá revisar si el sistema de facultades-obligaciones-consecuencias de los responsables de la seguridad pública y la procuraduría de justicia en la entidad, son los idóneos para garantizar la real protección de los derechos de los coahuilenses.
