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Carlos Robles

El triángulo corrupto

Mi Columna

El triángulo corrupto

Por Carlos Robles Nava

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Durante largos 25 años, precisamente a partir de 1992 mismos que se cumplieron precisamente el 31 diciembre del año pasado, los gobiernos estatales dejaron de hacerse cargo directamente del pago de las nóminas magisteriales para asumir total y directamente esa función la Federación vía Secretaría Federal de Educación.

La verdad es que era meramente una triangulación de recursos porque los fondos los remitía el gobierno central a las Entidades para que éstas hicieran el pago directamente, apareciendo como los verdaderos patrones o “pagininis”.

Esta triangulación dio lugar a que la casi totalidad de los gobiernos estatales de manera engañosa o fraudulenta hacían “recortes” de esos recursos económicos e imponían muchas condiciones no corruptas para manejar a su antojo al movimiento magisterial.

Como resultado de la reforma educativa hubo otro cambio benéfico en cuestión económica modificándose radicalmente distintas formas de pago cometiéndose un sinfín de tropelías y pillerías acabando con ello a partir del primero de enero del 2015, la Secretaría Federal de Educación, al hacer el pago directamente a los maestros en general ante la circunstancia de que había regiones del país en donde el dinero lo recibían los representantes sindicales o bien directamente las secciones del S.N.T.E., no faltando los pagos vía giros telegráficos.

Esto representaba que cada quincena el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, sería el pagador directo de cada uno de los maestros, así como empleados administrativos, intendentes y personal de apoyo, dando fin a las raterías y abusos que se tenían con muchos maestros que por distinta circunstancias tenían que pagar el “servicio” de quien cobraba en su lugar.

El criterio de la Secretaría de Hacienda, el nuevo mecanismo de pago materializa uno de los objetivos fundamentales de la reforma educativa y que es el de vigilar la transparencia y la rendición de cuentas sobre el origen y destino de los recursos en materia educativa.

Esas medidas trajeron consigo una asignación y destino más justo y honesto con la eliminación de las “tracaladas” del pasado, quedando solo como recuerdo las fuertes y recias protestas del S.N.T.E., promovidas por los mismos líderes que en aquel entonces hacían su “agosto” con sus mismos compañeros.

Hay sucesos del pasado que se olvidan por lo que es bueno se recuerden de vez en vez y más cuando se trata de acciones como el de haber erradicado el “triángulo de corrupción“ mantenido por el gobierno federal y el S.N.T.E.

Para tener una idea del gran “negocio” que se formó con este triángulo infernal, al menos en la actualidad la nómina magisterial anualmente representa entre 500 mil y 600 mil millones de pesos correspondiendo a salarios y prestaciones para un total de más de un millón empleados en el ramo de la educación, en sus distintos niveles como educativo, administrativo, intendencia, apoyos varios, etc.,  en las escuelas de educación básica básicas y normales.

Lo que tampoco debe echare al arcón de los recuerdos son acciones como la del censo nacional que se hizo en el 2015 visitándose comunidad por comunidad del país para comprobar que  treinta mil “comisionados” o sea maestros y administrativos cobraban en las nóminas magisteriales, pero trabajaban fuera de ellas en labore correspondiente a las propias secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y 114 mil pensionados y jubilados fueron regresados casi la totalidad de ellos a sus respectivas plazas de la enseñanza a excepción de los ya retirados.

A partir de enero del 2015 en teoría deben desaparecer los “comisionados” y habrá de hacerse una nueva verificación minuciosa en el caso de jubilados y pensionados para que efectivamente cobren los sobrevivientes y evitar lo hagan familiares de trabajadores de la educación ya fallecidos.

Supuestamente al hacerse la Federación responsable directamente del manejo del dinero para pago de los trabajadores al servicio de la educación, los recursos serán correctamente aplicados y habrán de quedar en el olvido favores y canonjías que por años vinieron concediendo muchos gobiernos estatales.

Toda medida que termine y obstaculice el uso indebido de los recursos públicos, debe ser bienvenida y en este caso concreto del área de la educación, representa un importante avance para destinar mayores recursos a estudios de las nuevas generaciones de mexicanos. (www.intersip.org)