Mi Columna
Siempre tarde
Por Carlos Robles Nava
De nada ha servido la existencia de la Auditoria Superior del Estado en Coahuila, a cargo de Armando Plata Sandoval, pues eternamente desde su creación hace ya decenas de años, llega tarde “a la fiesta” o sea cuando corruptos funcionarios “arrasaron” con los fondos públicos y prácticamente ya la justicia nada puede hacer, pues invariablemente esos saqueadores ya abandonaron la Entidad o bien ocupan otros cargosa gubernamentales que prácticamente les dan cierta protección o los “blindan” para no ser colocados tras las rejas.
En días pasados, el supuesto vigilante de la aplicación y honestidad cómo deben administrarse los impuestos de los coahuilenses, Plata Sandoval, reveló que durante el 2016 tras auditorías realizadas sobre el destino de 475 millones de pesos operados por la administración que ya se fue y que encabezó Rubén Moreira Valdés, se “concedieron” en contratos “balines” a empresas “fantasmas” con domicilios inexistentes que se hicieron pasar como supuestos proveedores de artículos inconcebibles para el uso de la área oficial o gubernamental.
La investigación o auditoria detalla que las empresas contratadas por adjudicación directa le vendieron al Estado, pollo, bolos infantiles, publicidad misteriosa, huevos y otros productos.
Esas empresas que se “papearon” con dineros provenientes de impuestos, presentaron domicilios falsos, bodegas abandonadas, vecindades de Monterrey, de la ciudad de México, Saltillo, entre otras.
Las diversas operaciones o saqueos fueron en los años 2014, 2015 y 2016 pero hasta este 2018 la Auditoria Superior del Estado de Coahuila, los dio a conocer “porque hace poco terminaron de auditar”.
Entre las empresas beneficiadas con esos “embutes” porque no pueden calificarse de otra manera, figuran en total quince empresas fantasmas, entre éstas: Nuberia Comercial, Riviera Alamo, Consultora Murano, Asha Consultores y Consultorías Bardo.
Es un hecho, más no una confirmación que la misma Auditoria Superior del Estado, tiene los nombres de los funcionarios que autorizaron esos millonarios fraudes, pues en los documentos revisados tienen que venir las dependencias de gobierno y funcionarios que firmaron y ordenaron los productos para sus cómplices de las empresas inexistentes.
Empero, es lógico que no se dé a conocer los nombres argumentando la Auditoria Superior del Estado, que la ley no se lo permite, aunque no habla de cuál ley y se supone que ha ser por las órdenes que hay de “arriba” porque de otra manera no se justifica su actitud.
Esta no será la única corruptela que se haya cometido por los que se fueron y sino tiempo al tiempo, siendo inútil y muy desgastante la existencia de una auditoria para que todo quede como antes o sea cubierta y protegida por el anonimato y la complicidad. (www.intersip.org)
