MI COLUMNA
Por enésima vez
Por Carlos Robles Nava

Entre 35 y 40 años tiene aproximadamente México recibiendo, con complicidad de los antes llamados “agentes” aduanales y ahora identificados como fiscales, miles de unidades motrices que con el tiempo convirtieron al territorio mexicano en el patio trasero de chatarra contaminante de los Estados Unidos.
Este sucio negocio fue creciendo a través de múltiples organizaciones que se hacen llamar protectoras del patrimonio familia que no son otra cosa que organismos utilizados por sus dirigentes para introducir de contrabando cuanto vehículo sea posible.
Los grupos “protectores” del patrimonio familia fue creciendo y de uno se han reproducido no menos de una docena que con el apoyo y el clásico “moche” pasan las unidades motrices indocumentadas con la complacencia de los aduanales encargados de los puentes internacionales.
Estas unidades han servido para cometer no solo incalificables delitos, sino toda clase de irregularidad por su informal existencia ya que no existe un padrón oficial, pues las organizaciones que les dieron vida otorgan una calca o placa metálica y es más que suficiente para evadir las leyes aduanaras.
De las Entidades que integran el País, varias de ellas como Coahuila, Nuevo León, Puebla, México, Querétaro, Irapuato y otras más, son productores de vehículos por lo que es un tanto incongruente que en esas mismas Entidades en donde circula la mayor cantidad de “chuecos o chocolates”.
El líder cetemista Tereso Medina, ha recalcado en múltiples ocasiones que aceptar la circulación de vehículos importados sin pagar los impuestos correspondientes, aunque sean modelos antiguos, es dar una “bofetada” a la creciente industria automotriz que se ha venido formando en esos Estados, siendo Coahuila uno de las Entidades que más factorías del ramo tiene desde hace años.
La novedad es que en días pasados “ciudadanos” poseedores de vehículos “chuecos” está pidiendo al Congreso de Coahuila un punto de acuerdo para crear un mecanismo en el que se lleve un estricto y rígido control en cada municipio de la identidad de los poseedores de vehículos “chuecos o chocolates”.
La idea o propuesta no es mal vista por los legisladores, aunque con las reservas respectivas para que este registro no sirva para proteger u ocultar vehículos robados con el argumento de que ya está oficialmente “registrado”.
Y, como no faltan las ”filtraciones” en todo, se soltó la versión de que la propuesta fue hecha al Poder Legislativo por líderes de los “protectores” del patrimonio familiar al haber agotado todos sus esfuerzos para conseguir de la federación una regularización con el pago de una cantidad módica y razonable y considerando que son familias vulnerables, pero con mucho carro o camioneta. (www,intersip.org)

