ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN
Redacción
09 diciembre 2020; Aguascalientes, Aguascalientes.-Desde 2003, el combate a la corrupción es uno de los temas prioritarios en la agenda internacional.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción designa el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción y, más tarde, en 2015, se agregan indicadores sobre el tema en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Por su parte, el Estado mexicano ha realizado ajustes
normativos e institucionales para responder al reto de controlar y disminuir la corrupción; sin embargo, los ajustes normativos e institucionales de los últimos años coinciden con un aumento sostenido de las víctimas de corrupción entre la población de 18 años y más.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, entre 2013 y 2019, la cifra pasó de 12 a 16 víctimas de corrupción por cada 100 habitantes. Vista la distribución nacional, se tiene que, en 2019, las entidades que presentaron la mayor proporción de personas víctimas de algún acto de corrupción fueron Durango, Ciudad de México y México, en donde la población tiene el doble de probabilidad de ser víctima de corrupción comparada con Nuevo León, y el triple de probabilidad que en Colima o Zacatecas, entidades con la menor prevalencia a nivel nacional.
Desde 2013, los trámites con mayor porcentaje de experiencias de corrupción son los que involucran contacto con autoridades de seguridad pública, hacer gestiones relacionadas con la propiedad o trámites ante el Ministerio Público.
En 2019 estos trámites registraron prevalencias de 59.2%, 25.0%
y 24.8% respectivamente.
En una tendencia similar, el porcentaje de empresas víctimas de corrupción aumentó 1.8 puntos porcentuales entre 2013 y 2017, ubicando los últimos reportes en una prevalencia de 5.4% de unidades económicas víctimas de corrupción.
Los mayores aumentos en los eventos de corrupción
se presentaron en los sectores de industria y servicios, en los que el porcentaje de victimización por corrupción pasó de 4.9 y 3.5 en 2013 a 7.2 y 5.9 unidades víctimas por cada 100 unidades económicas del sector comercio en 2017, respectivamente; el sector de comercio fue el que menos aumento tuvo en la frecuencia de actos de corrupción entre 2013 y 2017.
La corrupción tiene altos costos directos sobre las personas y las unidades económicas, así como sobre la confianza entre la ciudadanía y el gobierno. En 2019, el monto total que erogaron las personas por actos de corrupción al realizar pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos o por
otros contactos con autoridades, ascendió a 12 770 millones de pesos, de los cuales se estimó que 18% correspondió a la corrupción por el contacto con las autoridades de seguridad pública.
Consistente con lo que se registra en otros contextos a nivel internacional, 1 se observó que la corrupción en México está asociada de manera negativa con la confianza que las personas tienen de las instituciones de gobierno.
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el INEGI refrenda su compromiso de producir y ofrecer información relevante para el público en general y para los tomadores de decisiones
encargados de diseñar las políticas y estrategias para contrarrestar las prácticas de corrupción que afectan a la sociedad mexicana.
Introducción
La corrupción, entendida como el acto de abuso del poder público para beneficio personal, tiene múltiples manifestaciones y características. Se expresa a gran y pequeña escala en diversos ámbitos de la vida política, social y privada de un país. Sus manifestaciones incluyen soborno, apropiación o
robo de bienes públicos, extorsión en procesos de contratos, licitaciones, impuestos, entre otras.
La corrupción tiene efectos múltiple pues socava el desarrollo humano al desviar recursos públicos que originalmente estaban previstos para la provisión de bienes públicos y servicios básicos; además,
agudiza la desigualdad, obstaculiza el desarrollo económico, corroe el estado de derecho y destruye la confianza pública en las instituciones públicas. 3 , 4
Desde 2003, el combate a la corrupción es uno de los temas prioritarios en la agenda internacional.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción designa el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción y, más tarde, en 2015, se agregan indicadores sobre el tema en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Por su parte, el Estado mexicano ha realizado ajustes normativos e institucionales para responder al reto de controlar y disminuir el lastre de la corrupción en todos los niveles de gobierno; entre esas acciones está la creación de nuevos mecanismos de prevención y combate a la corrupción que demandan la generación de información específica para el diseño y evaluación de estrategias de intervención y políticas públicas en la materia.
Entre las acciones más notable en estos últimos años, en julio de 2016 se expidió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA), en la cual se establecen las bases para la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción que determina los mecanismos de coordinación entre instituciones clave en el combate a la corrupción, tanto de manera horizontal entre las instituciones de la Federación, las entidades federativas y los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, así como coordinación intergubernamental entre niveles y órdenes de gobierno.
La LGSNA estuvo acompañada de ajustes institucionales con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, así como de los Sistemas Locales Anticorrupción y la definición de una Política Nacional Anticorrupción
que funciona como un mecanismo de orientación para todas las acciones a todos los niveles en la materia.
De manera adicional, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 tiene como uno de sus principales
objetivos la erradicación de la corrupción del sector público y, para completar la estrategia anticorrupción, el actual gobierno estableció el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y la Mejora de la Gestión Pública 2019-2024.
A nivel estatal y municipal, los gobiernos también han avanzado en la creación de planes y programas para el combate a la corrupción como se
verá más adelante.
Por lo que respecta a la generación de información, el INEGI cuenta con 5 encuestas y 13 censos que abordan el tema y permiten la estimación de prevalencias de corrupción en los ámbitos personal y empresarial, así como conocer los mecanismos anticorrupción establecidos en los gobiernos estatal y
municipal, en particular, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) y los Censos Nacionales de Gobiernos Estatales (CNGSPSPE) y de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (CNGMD).
Adicionalmente, en enero de 2020, se creó el Comité Técnico Especializado de Información sobre Corrupción, con el objetivo de “coordinar los trabajos de carácter conceptual, metodológico y técnico que permitan generar y desarrollar periódicamente información estadística sobre corrupción en
instituciones del Estado Mexicano”.
Con motivo del Día Internacional en contra de la Corrupción, y con el objetivo de contextualizar esta problemática el INEGI presenta, en primer lugar, información sobre la existencia de los mecanismos anticorrupción a nivel estatal y municipal; posteriormente se exploran las cifras de las prevalencias de corrupción a nivel individual y en el sector empresarial y los costos que generan los actos de corrupción.
Se concluye con un breve apartado sobre la relación que guarda la corrupción con la confianza de las personas en las instituciones.
Mecanismos anticorrupción a nivel estatal y municipal
Desde 2016, las entidades federativas iniciaron el proceso de implementación de Sistemas Locales Anticorrupción, tal como lo establece el artículo 36 de la LGSNA. De manera general, la implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción conlleva reformas a la constitución local y la elaboración de una ley anticorrupción a nivel estatal que debe estar armonizada con la LGSNA, lo que incluye el establecimiento de un sistema local anticorrupción conformado por un Comité de Participación Ciudadana, un Comité Coordinador y una Secretaría Ejecutiva.
La reforma nacional exige la creación de Fiscalías Anticorrupción 8 que, junto con el organismo ex profeso, la entidad de fiscalización superior y la institución de control interno, conformarían el Sistema Local para definir las
estrategias, políticas y programas de combate a la corrupción.
En 2020, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aprobó la Política Nacional Anticorrupción que define el rumbo estratégico para combatir el problema de la corrupción a nivel
nacional.
De manera análoga, cada entidad debe contar con una Política Estatal Anticorrupción. Como se observa en el Cuadro 1, al 2018 todas las entidades del país habían reportado avances en la conformación de los órganos que integran los sistemas locales anticorrupción.
Así, tenemos que 24 entidades contaban con todos los órganos, a 3 les faltaba conformar un solo órgano, y las 5 entidades restantes estaban aún pendientes de conformar diversos órganos.
Además de tener una política estatal en materia de combate a la corrupción, las entidades federativas, los municipios y alcaldías deben establecer planes y programas con el objetivo de llevar a cabo sus políticas anticorrupción, con base en el diagnóstico de sus necesidades y el establecimiento de
acciones y metas específicas para combatir la corrupción, así como contar con herramientas para el seguimiento y monitoreo del avance y cumplimiento de estas.
