OPINIÓN

Por Guillermo Robles Ramírez

Ley del agua vs. la realidad del SIMAS 

Ustedes ya saben cómo en Torreón el calor de la Laguna no perdona ni a los medidores ni a las finanzas del SIMAS. La cosa anda más complicada que nunca este junio del 2026, con el organismo metido hasta el cuello en una crisis financiera que ya no es solo un dolor de cabeza, sino un verdadero nudo en la garganta.

Y en medio de todo esto, vuelve a asomar un viejo reclamo que la ley estatal de aguas tiene clarito desde hace rato: el Artículo 58 dice sin rodeos que los usuarios son depositarios de los aparatos, sí, pero solo responden por daños causados por su propio descuido o negligencia. En todos los demás casos como daño por cualquier causa, robo incluido ahí aplica la reposición o reparación corre a cargo del organismo operador. Punto. No hay pero que valga.

La ley es bien precisa, ¿sabe? Y, sin embargo, el SIMAS sigue incluyendo en su Ley de Ingresos para el 2026 cobro por “instalación y/o cambio de medidor por daño y/o avería”.  Estamos hablando de miles de pesos ahora; un medidor mecánico de media pulgada sale en mil quinientos veinticinco pesos, y los inteligentes, esos nuevos que tanto empujan, pueden llegar a más de once mil. Nada que ver con aquellos doscientos veinticinco o cuatrocientos cincuenta de hace años. La realidad cambió, el costo se multiplicó, pero el espíritu de la ley sigue igualito.

Yo, que he visto tantas veces cómo la gente de la Laguna se para en las oficinas del bulevar Independencia con el recibo en la mano y la cara de “¿y ahora qué?”, entiendo perfectamente por qué esto duele tanto. La señora que cuida su casa en la colonia Centro, el mecánico de taller en La Alianza, el jubilado que apenas alcanza con su pensión… todos ellos terminan pagando por algo que, según la norma, no les corresponde. Y mientras, el SIMAS suda la gota gorda para no hundirse del todo.

Porque la crisis, amigos, es real y viene con números oficiales que duelen. El adeudo con Conagua ronda los casi doscientos millones de pesos. Parte de esa lana es muy reciente la información, entre cuarenta y cinco y cuarenta y ocho millones corresponden solo al año pasado y lo que va del 2026.

Con ese lastre encima, el presupuesto apenas alcanza para gastos fijos, nómina y unos míseros ciento sesenta millones al año para meterle mano a la infraestructura. Imagínense nomás. Solo ciento sesenta millones para todo: pozos, drenajes, reparaciones. Y eso en una ciudad que crece, que tiene casi doscientas ochenta mil cuentas activas y donde apenas el cuarenta y siete por ciento tiene medidor instalado.

El gerente Roberto Escalante González lo dijo clarito hace unos meses en entrevista para el periódico local de mayor circulación de Torreón el 24 de diciembre del año pasado: el gran reto del 2026 es precisamente el control del agua.

Y lo anterior significa que quieren instalar otros ciento veinte mil medidores, sectorizar, modernizar. Pero ¿con qué dinero? Ya andan viendo si los usuarios pagan una parte del costo de los nuevos aparatos. Y mientras tanto, los rateros siguen en su movida. Roban cableado, dañan instalaciones, se llevan medidores de cobre o lo que encuentren. Las cámaras en los pozos y el C2 ayudan, pero no alcanzan. Cada medidor que vuela es un golpe doble: uno al servicio y otro a las finanzas ya lastimadas.

Pues la cosa es que aquí se junta todo. Más medidores en la calle significa más riesgo de robo. Más reposiciones significan más gasto que, según la ley, debería absorber el SIMAS. Y el organismo, que ya anda con el agua al cuello, no tiene cómo tragárselo sin que se note en el servicio o en los recibos.

Se pasa de lanza la situación, ¿verdad? Porque al final, el que paga la cuenta, literal y figuradamente es el usuario de a pie. Ese que sí paga puntual, que no hace negocio con el agua y que solo quiere que le llegue el chorro decente a su llave.

Yo recuerdo, en mis tiempos de reportero en la Laguna, cuando llegaba tempranito a las fuentes oficiales y veía las colas de gente reclamando. Hoy, desde Saltillo, con las mañanas frescas del centro y la libreta todavía abierta revisando mis apuntes antiguos, sigo pensando lo mismo: esto no es un pleito de hace quince años. Es un problema que se ha puesto más feo con el tiempo.

En Monclova el acero arde y la gente es derecha, pero también sienten el peso. En Piedras Negras, junto a la frontera, los robos son otro cuento. Hasta en Ramos Arizpe o Arteaga, donde uno cree que las cosas caminan mejor, el agua genera dolores de cabeza.

Y no es que el SIMAS se pase de lanza por gusto. Los directivos tienen que rendir cuentas, pagar sueldos, mantener pozos. Pero cuando la ley dice una cosa y la práctica dice otra, el ciudadano se queda en medio, confundido y con la bolsa más flaca. Grupos de profesionistas y abogados han recordado esto una y otra vez: el organismo debe asumir lo que la norma le manda. Porque si no, ¿para qué sirve la ley?

Aquí viene el punto que me tiene dando vueltas desde que me senté a escribir esta mañana, con el café ya frío y el lápiz rayando la libreta antes de pasarlo a mi computadora. Aguas de Saltillo, esa empresa mixta que opera aquí donde vivo desde hace veintisiete años, tiene que estar muy pendiente. Porque si el reclamo basado en el Artículo 58 prospera y se aplica a fondo, la onda fría va a llegar hasta las mañanas frescas de Coahuila. Los conocedores del ramo lo dicen clarito: caería como balde de agua helada sobre cualquier sistema que esté cobrando lo que la ley reserva para el operador.

Piensen nomás en el usuario torreonense. El que sale a trabajar bajo ese sol que quema como plancha y regresa a encontrar que le volaron el medidor otra vez. Lleva su denuncia, paga el cambio y encima se pregunta por qué. Mientras, el SIMAS intenta sacar adelante la micromedición que tanto necesita para cobrar con justicia. Es un círculo vicioso. Robos, deudas, inversión atrasada, más presión sobre la gente.

¿Y saben qué? La gente de Coahuila es trabajadora de verdad. La de Torreón con su orgullo lagunero, la de Saltillo con su paso firme, la de Acuña en la frontera viva. Merecemos un servicio de agua que no nos deje con la mano en la bolsa por culpa de los rateros ni de una crisis que parece no tener fondo.

El SIMAS merece también las herramientas para no quebrar: convenios con Conagua, alianzas con el estado y la federación, quizás hasta revisar si el privado puede ayudar sin que se pierda lo público.

Ojalá que esta vez no se quede en pláticas de consejeros y recesos jurídicos. Ojalá que se busque el equilibrio: que se respete la ley, que se protejan los medidores con más inteligencia ya sea con cámaras, materiales que no tentan a los ladrones y que el organismo salga adelante sin cargarle todo al bolsillo del ciudadano.

Porque el agua es de todos. Y cuando se trata de algo tan esencial, nadie debería pagar dos veces… ni el usuario, ni el sistema que está al borde. La Laguna merece respuestas concretas. No más parches. No más cobros que duelan más que el calor de junio. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México, Presea Trayectoria Humberto Gaona Silva 2023) www.intersip.org