OPINIÓN

Por Guillermo Robles Ramírez

Candado judicial, palabras del IMSS al viento

Uno de mis lugares favoritos en la capital de Coahuila, es el famoso Paseo Capital, en donde existen muchos lugares para tomar cualquier café en el Centro Histórico de Saltillo o caminar despacio por la Alameda y tarde o temprano la plática se pone seria: ¿y cómo le va a ir al que ya ve venir la edad de no poder trabajar más?

No es un tema de números fríos ni de discursos de campaña. Es la vida de la gente que ha estado décadas en las líneas de ensamble de Ramos Arizpe, en las acereras de Monclova, en las maquilas de Piedras Negras o en las fábricas de Torreón, donde yo nací. Esa preocupación no se inventó ayer. Viene de años y sigue ahí, quieta pero presente, como una cuenta que nadie quiere dejar pendiente.

Pues la cosa es que, para los que empezaron a cotizar antes de mediados de los noventa, hay dos caminos al momento de jubilarse. Uno es la ley vieja, la de mil novecientos setenta y tres. Esa calcula la pensión con base en el salario promedio que uno tuvo en sus últimos años de trabajo. Era la que la gente entendía que podía dar un poco más, según cómo se había manejado por décadas. El otro camino es la de mil novecientos noventa y siete, la de las cuentas individuales en las Afore, donde lo que uno acumuló determina más o menos lo que le toca, con sus propias reglas y topes. Quien cotizó antes de julio del noventa y siete tiene derecho a escoger cuál le conviene más cuando llega la hora.

Y ahí fue donde la Suprema Corte de Justicia metió la mano. Resolvió que, para quienes opten por la ley vieja de setenta y tres, el cálculo de la pensión tiene un tope: equivalente a diez salarios mínimos. No más. Aunque antes se manejaba o se interpretaba que podía llegar hasta veinticinco, como en la otra vía. El fallo de la Corte es claro en que esto aplica cuando hay que resolver un caso concreto en tribunales, en litigios laborales o amparos que estén pendientes. No es que el IMSS tenga que bajarle la pensión a todo mundo de un plumazo. Pero cuando el asunto llega a juez, el criterio de la Corte es el que manda.

En aquellos días, el entonces director general del IMSS, Daniel Karam, salió a decir que se iban a respetar las normativas como siempre, con base en las leyes de setenta y tres y noventa y siete. Que no habría cambios. Que la gente podía estar tranquila. Y uno entiende que un funcionario diga eso para calmar los ánimos. El problema es que esas palabras, por más que suenen bien en una conferencia de prensa, al final se las lleva el viento. Lo que queda escrito y lo que los tribunales tienen que aplicar es lo que la Corte ya resolvió. Si un trabajador quiere pelear por un monto más alto, basándose en cómo se había entendido la ley vieja, pues difícilmente va a ganar. El resolutivo de la Corte se antepone.

Imagínense nomás un operador de prensa en una planta automotriz de Ramos Arizpe o un fundidor en Monclova. Lleva treinta o cuarenta años aportando, con un salario que estaba por encima del mínimo. Elige la ley de setenta y tres porque cree que le va a tocar más. Y de pronto el cálculo le sale topado en ese equivalente a diez veces el mínimo.

Puede significar una diferencia grande, hasta de un sesenta por ciento menos en algunos casos, según su historial salarial. Y no solo le afecta a él. También cuando se calcula la pensión de viudez, de orfandad o de cesantía. La familia entera siente el golpe. En Saltillo hay colonias enteras donde varias generaciones dependen de ese cheque mensual. En Torreón, donde crecí, o en la Laguna, uno platicaba con la gente y siempre salía lo mismo: “¿Y si al final me toca menos de lo que pensaba?”.

La verdad yo he visto en mis años de andar por estos rumbos cómo estos temas no se quedan en el papel. He platicado con viudas que contaban cómo ajustaban la comida o la renta con lo que les llegaba. Con hijos que ayudaban a sus padres pensionados porque el monto no alcanzaba para todo. No es que el Seguro Social esté inventando reglas nuevas de la nada. Es que el marco legal quedó así, y las declaraciones de los directores, por bien intencionadas que sean, no tienen la fuerza de una ley reformada.

Por eso es que juristas y conocedores de la materia civil y laboral insisten en que hace falta una reforma clara a la ley del IMSS. Para que quede bien definido qué le corresponde a quien elige la vía vieja. Para que no quede todo sujeto a lo que resuelva un tribunal en cada caso particular. Para que las palabras de quien esté al frente del Instituto no queden solo como buenas intenciones que se disuelven cuando llega el pleito.

En lo que va de este año, la propia Suprema Corte ordenó que ciertas pensiones de la ley setenta y tres se actualicen con base en la inflación, para que no pierdan tanto poder de compra frente al alza de todo. Eso es un respiro para muchos, sobre todo para los que están en el monto mínimo garantizado, que anda por los diez mil seiscientos pesos mensuales más o menos, según las actualizaciones recientes. Ayuda, sí. Pero el tope estructural que viene desde la jurisprudencia de años atrás sigue ahí para quienes eligen esa ruta y tienen salarios más altos. No desapareció con el tiempo ni con los cambios de gobierno.

Uno se pregunta, después de tanto, por qué dejar que el retiro de quien aportó toda la vida quede en esa zona gris entre lo que prometió un funcionario y lo que resolvió la Corte. Los diputados federales tienen enfrente una oportunidad real. Si de verdad sienten el compromiso con la gente que los votó, pueden meterse a fondo y llevar una reforma que dé claridad de una vez. Que no dependa de litigios ni de interpretaciones que terminan favoreciendo siempre al que tiene más recursos para pelear en tribunales. Porque al final, la gente de a pie, o mejor dicho “el pueblo”, la que sudó en las fábricas del norte, es la que se queda con la incertidumbre.

Al final de cuentas, el retiro digno no debería ser un laberinto de jurisprudencias ni de declaraciones que suenan bien pero no obligan. Merece la gente que ha trabajado décadas tener reglas claras, escritas en la ley, que protejan lo que se ganó con esfuerzo. Que no quede todo al arbitrio de lo que diga un director en su momento ni de lo que resuelva un juez cuando ya es tarde. Porque cuando uno plática con la gente en Saltillo, en Torreón o en cualquier pueblo del norte, lo que más se escucha es la misma pregunta sencilla: ¿al final me va a alcanzar o no? Y esa pregunta merece una respuesta clara, no más rodeos. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México, Presea Trayectoria Humberto Gaona Silva 2023) www.intersip.org