OPINIÓN

Por Guillermo Robles Ramírez

Cuando la sotana pesa más que la ley

Fíjense ustedes, el otro día andaba yo por la Alameda de Saltillo, bajo esos árboles que ya empiezan a sentir el calor de agosto, y me puse a pensar en cómo hay cosas que no se le olvidan a uno por más años que pasen. Cosas que duelen distinto cuando uno ha visto de cerca lo que pasa en los pueblos del norte, de Torreón a Piedras Negras, de Monclova a Acuña. Hablo de esa costumbre vieja, pero que todavía se siente en el aire, de tratar distinto a ciertos hombres porque dicen que están más cerca de Dios.

Hace ya más de quince años, cuando Alberto Pacheco Escobedo era Vicario Judicial del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de México, salió a decir con toda claridad que la Iglesia no tenía por qué entregar a la justicia civil a un sacerdote acusado de hostigamiento, abuso o violación de menores. Que eran dos justicias distintas, la canónica y la terrenal, y que la separación entre Iglesia y Estado lo dejaba bien parado. “Ni el Estado se mete en lo eclesiástico ni la Iglesia en lo civil”, aseguraba. Y uno se quedaba con la boca abierta, porque ¿cómo se le explica a una madre de Ramos Arizpe o de Arteaga que el hombre que tocó a su hijo no va a la cárcel como cualquier otro, sino que lo mandan a otra diócesis, como si el delito se limpiara con el cambio de aires?

Pues la cosa es que ese criterio, tan convenenciero, dejó huella. En aquellos tiempos se hablaba de monaguillos y seminaristas que terminaban siendo presa fácil, y de cómo el castigo canónico se reducía a un traslado. Como si la enfermedad esa se curara con el viaje. La verdad yo he visto, en mis años de periodista, cómo en el norte la gente confía en el párroco casi como en la familia. Uno les deja a los chamacos en la catequesis o en el internado y no imagina que detrás del hábito pueda haber otra cosa. Y cuando sale a la luz, resulta que el que sabía y calló no es cómplice… según ellos.

Pero mire usted cómo han cambiado algunas cosas y cómo otras se resisten. En lo que va de este 2026, apenas el mes pasado, en julio, la Fiscalía de la Ciudad de México vinculó a proceso a un sacerdote de la misma Arquidiócesis, Enrique, por pederastia agravada contra una adolescente de diecisiete años. Lo detuvieron cerca de su parroquia y ahora está en prisión preventiva. La Arquidiócesis se enteró porque el propio religioso avisó, y abrió su investigación canónica… pero al menos ya está en manos de la justicia de a pie. Unos meses antes, en febrero, extraditaron desde España a otro, Ramón, acusado de abusos a niñas en una casa hogar de Jalisco. Casos que se denunciaron en medios, que se pueden checar, y que muestran que la ley civil sí alcanza a algunos.

En Chihuahua, por ejemplo, hay un sacerdote que recibió más de treinta años por abusar de una monaguilla de ocho años; la sentencia se confirmó hace poco. En Ciudad Juárez otro cumple casi cinco años por hechos de 2013. La Conferencia del Episcopado Mexicano reconoce que entre 2010 y 2020 investigaron más de doscientos setenta casos, aunque admiten que no tienen registro completo de víctimas. Y las líneas guía actuales ya dicen que hay que notificar a la autoridad civil, porque la ley mexicana lo exige. Ya no es tan fácil esconderse detrás de la separación de poderes.

¿Y saben qué? Aun así, uno se pregunta si de verdad cambió el fondo. Porque en el norte seguimos viendo que cuando un familiar o un vecino abusa de un niño, la cárcel llega para el que lo hizo y también para el que calló. Complicidad, le llaman. Pero cuando el acusado lleva sotana, todavía hay quienes hablan de “delito canónico” como si las víctimas fueran sólo un problema interno. Imagínense nomás a esas familias de Saltillo o Torreón que confían, que mandan a sus hijos a la primera comunión o al coro, y luego descubren que el traslado fue la respuesta. La enfermedad no es gripa, no se quita con el cambio de parroquia.

Yo he platicado con gente que guarda silencio por miedo o por fe, y también con quienes ya no aguantan más. La verdad es que miles de católicos razonables no entienden cómo lo que es delito grave para el resto de nosotros no lo es del todo para los que se dicen iluminados. Y aunque ahora hay protocolos, equipos de atención a víctimas y la obligación de denunciar, todavía aparecen casos. Como si el pasado se negara a irse del todo.

Uno se sienta aquí, en el centro de Saltillo o bajo los árboles, y piensa que la fe no debería servir de escudo. Que la justicia terrenal no es enemiga de nadie que realmente busque la verdad. Porque al final, los niños de Coahuila, los de cualquier rincón de México, merecen lo mismo que cualquier otro: que quien los dañe pague donde todos pagamos. No en otra jurisdicción, no con un rezo y un traslado. En la cárcel, si así lo manda la ley. Y que los que callaron también respondan. ¿O qué, vamos a seguir aceptando que hay dos medidas distintas para el mismo dolor?. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México, Presea Trayectoria Humberto Gaona Silva 2023) www.intersip.org