OPINIÓN
Por Guillermo Robles Ramírez
La aduana que Samuel nos puso
Fíjense ustedes qué cosa tan rara se nos está armando a dos pasos de casa. El viernes pasado el gobierno de Nuevo León publicó en su Periódico Oficial los lineamientos del Pase Turístico. No entra este lunes, aunque ya andan los rumores. Los cuarenta y cinco días naturales se cuentan desde esa publicación, así que las revisiones quedarían para mediados de octubre. Gratuito, en línea, de uno a treinta días al año. Si uno se pasa, hay que pedir el Registro de Estancia Prolongada. Y si no lo trae pegado en el parabrisas, los tránsitos podrán multar y mandar el coche al corralón.
La pregunta de fondo no es si el trámite es fácil. La pregunta es si un estado puede pedirle a un mexicano un papel para circular por otro estado. El artículo 11 de la Constitución dice que todo individuo puede transitar por la República sin carta de seguridad, pasaporte ni salvoconducto. Diputados de Morena en el Congreso neoleonés lo advirtieron cuando se votó la reforma a la Ley de Movilidad, en abril. Abogados de Saltillo y de Monterrey ya hablan de amparos. ¿Se puede demandar al gobierno o al gobernador Samuel García en lo personal? Contra el gobernador como persona, casi nunca procede. Contra el acto de autoridad, sí: amparo, y si escala, controversia o acción de inconstitucionalidad. No será tan fácil de tumbar como algunos creen. La Corte ha dicho que la libertad de tránsito protege a las personas, no a los vehículos, y que las restricciones de circulación pueden ser válidas si están fundadas. Pero exigir un permiso previo, con tope anual de treinta días, se parece al salvoconducto que la Constitución quiso borrar. Ahí está el hilo que un juez federal podría jalar.
Y mientras los abogados se acomodan los lentes, el golpe real lo van a sentir los que viven de ir y venir. Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga. Gente que trabaja en Santa Catarina o en el Tec y duerme acá. Transportistas que bajan materia prima o suben producto terminado. La autopista Saltillo-Monterrey, en temporadas altas, mueve dieciséis o veinte mil vehículos al día. Treinta días al año no le alcanzan a quien cruza tres o cuatro veces por semana. El hotelero Héctor Horacio Dávila lo dijo sin rodeos desde mayo: es absurdo y lesiona el intercambio comercial de toda la región sureste. No es turismo de fin de semana. Es la economía de todos los días. Un permiso de turista no entiende de turnos ni de entregas a las cinco de la mañana.
¿Tienen capacidad para detectar a todos los foráneos? El C4 de Monterrey lee millones de placas por semana. Tecnología hay. Personal para parar, revisar el parabrisas y decidir si el papel es válido… eso ya es otra historia. Imagínense el operativo en Los Chorros un lunes a las siete. ¿Y los corralones? Nadie ha dicho cuántos cajones libres hay para una cacería de placas coahuilenses o tamaulipecas que nunca se regularizaron. De medio millón de unidades foráneas que se calculan en la entidad, apenas una fracción ha cambiado placas. Si remolcan en serio, el depósito se satura en días. El arrastre y la pensión diaria terminan costando más que el supuesto orden.
Tampoco hay camino mágico que evite Nuevo León si uno va a Monterrey. La libre entra igual. El rodeo por Monclova-Castaños es para emergencias, no para el que entra a las ocho a la planta.
Luego viene lo que nadie pone en el comunicado. Habrá quien prefiera sacar placas de Nuevo León de una vez. Y habrá mercado negro de comprobantes de domicilio: un familiar, un predial prestado por mil o dos mil pesos. Siempre ha existido cuando un estado aprieta el padrón. Esta vez el incentivo será más gordo.
Lo que más me inquieta, se lo digo con la franqueza de quien ha cubierto operativos desde Piedras Negras hasta Torreón, es quién va a aplicar la norma. En Nuevo León, las corporaciones de tránsito llevan años como las peor evaluadas. Cómo Vamos las tiene cerca del seis, y la percepción de actos indebidos trepó por encima del setenta por ciento. La ENCIG 2025 volvió a poner a los policías en el primer lugar de corrupción percibida, más del 86% y las encuestas siguen señalando a tránsito como de los más desconfiados. Cámaras corporales hay en papel y en algunos municipios como San Pedro las anunció; Monterrey compró un lote para el Mundial, pero la ley les dio hasta cuatro años para cumplir. En octubre no van a estar todos filmando. Y cuando el papelito del parabrisas se vuelve pretexto, la tentación de arreglarlo aquí no necesita reglamento.
Uno entiende el argumento oficial: hay demasiados autos foráneos de gente que vive allá y no paga tenencia ni verifica. El desorden existe. Pero ordenar no puede convertirse en aduana interior. Si el fondo es recaudar o empujar el cambio de placas, díganlo. Si es seguridad, midan resultados, no permisos impresos.
Yo me pregunto, qué país estamos armando si para ir de Saltillo a Monterrey hay que pedir permiso de turista en la tierra donde uno trabaja. La Constitución no se escribió para que un estado le ponga fecha de caducidad al vecino. Veremos si los jueces lo recuerdan antes de que el primer corralón se llene de placas de Coahuila. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México, Presea Trayectoria Humberto Gaona Silva 2023) www.intersip.org