OPINIÓN

Por Guillermo Robles Ramírez

El amparo no llega antes que la grúa

Uno oye la misma frase como si fuera un conjuro: “eso está inconstitucional, uno se ampara y ya”. Suena fácil cuando el carro todavía está en la cochera. La cosa cambia cuando el 21 de octubre entre en vigor el Pase Turístico de Nuevo León y un agente, con ley en la mano, le pida a usted el papelito del parabrisas.

La verdad yo he visto muchas normas nacer y morir en el norte. Esta no nació ayer. El 21 de abril el Congreso de Nuevo León reformó la Ley de Movilidad. Movimiento Ciudadano no tiene la mayoría de las curules. Se abstuvo. La votaron otros. Y en aquel entonces, pos la cosa es que casi nadie saltó como ahora. Nadie armó el alboroto de septiembre. La interrogante queda ahí, sin adorno: si tan claro estaba el choque con el artículo 11, ¿por qué el silencio cuando el dictamen todavía se podía detener? Hoy la ley existe. No hay marcha atrás por decreto de café.

Este mes ya publicaron los lineamientos. El trámite es gratuito, en línea, de uno a treinta días al año. Si se pasa, el Registro de Estancia Prolongada. Si no lo trae pegado, pueden multar y mandar el coche al corralón. Eso no es rumor de WhatsApp. Está escrito.

Que un alcalde diga que en su municipio no van a “cazar” placas de Coahuila no le quita el uniforme al agente. San Nicolás, García, Escobedo, Monterrey, hasta Santa Catarina, han dicho que no van a aplicar la medida. De los metropolitanos, Guadalupe y Santa Catarina están en manos del partido del gobernador; el resto no. ¿Y saben qué? Eso no asegura nada en la carretera un lunes a las siete. El secretario de Seguridad del estado ya dijo que respetarán lo que aprobó el Congreso. El agente de tránsito no es tribunal. Tampoco es juez. Usted le puede hablar del artículo 11, traer al primo abogado, enseñarle jurisprudencias. El hombre tiene una ley estatal que lo habilita. Si quiere, multa. Si quiere, llama a la grúa. El argumento fino se lo reserva usted para después, cuando el carro ya no está con usted.

Ahí viene el otro negocio que nadie pone en la mesa con números. “Te amparas”, dicen, como quien pide un refresco. El juicio de amparo, claro, no cobra derechos. La justicia federal es gratuita en el papel. Lo que no es gratis es el abogado. Un amparo indirecto, el que procede contra un acto de autoridad como una detención o un remolque, anda por ahí entre 15 y 80 mil pesos de honorarios, según despacho y prisa. En la práctica de a pie, mucha gente se encuentra con presupuestos de veinticinco a cuarenta mil. Tiene quince días para promover desde que conoce el acto. La suspensión provisional se pide desde el primer escrito y la audiencia incidental debe verse en cinco días. Cinco días. Mientras tanto el vehículo no espera en su casa.

En Nuevo León la pensión del corralón, para un auto ligero, se ha estado manejando cerca de los cuatrocientos cincuenta pesos diarios. Súmele arrastre, multa y copias. Una semana sin carro no es un disgusto: es renta de depósito. El transportista que baja materia prima o sube producto a las cinco de la mañana no puede “esperar a que salga el amparo”. El que trabaja en Santa Catarina y duerme en Ramos Arizpe tampoco. Treinta días al año no le alcanzan a quien cruza tres o cuatro veces por semana. Imagínense nomás la libre y la cuota el mismo lunes. No hay atajo mágico por Monclova-Castaños para el turno de la planta.

Y el domicilio del juicio tampoco es un detalle menor. El amparo no se presenta en el municipio. Es federal. Si el acto ocurre en Monterrey, el juez de distrito competente suele ser el de allá: hay que volver a Nuevo León a promover, a notificar, a recoger acuerdos. Si el asunto toca el Octavo Circuito, Coahuila tiene juzgados en Saltillo, Monclova y Piedras Negras, y la mayor carga está en Torreón, donde se concentran varios de Distrito y tribunales de circuito. Nadie le explica eso en la entrevista de radio. Nadie le dice que “ampararse” puede ser un viaje, un anticipo y un coche generando pensión todos los días.

Uno entiende el argumento oficial: hay autos foráneos de gente que vive allá y no verifica ni paga lo que el estado considera suyo. El desorden existe. Ordenar, sin embargo, no puede volverse una aduana de hecho para el sureste de Coahuila. Saltillo, Ramos, Arteaga viven de ir y venir. No es turismo de fin de semana. Es la economía de todos los días.

En lo personal, se lo digo sin pose, prefiero este otoño evitar Monterrey y ver qué pasa cuando la norma deje de ser comunicado. No todos pueden darse ese lujo. El obrero, el vendedor, el trailero, el que lleva al hijo al Tec, esos no eligen el calendario. A ellos les queda el papelito, o la multa, o la grúa. Y la frase bonita del amparo, tan ligera en la plática, se vuelve cara cuando el silbato ya sonó.

La Constitución no se escribió para que un estado le ponga fecha de caducidad al vecino. Tampoco se escribió para que uno se consuele con palabras. Veremos, a partir de octubre, si el orden que anuncian cabe en un parabrisas… o si acaba, otra vez, en un corralón lleno de placas de Coahuila. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México, Presea Trayectoria Humberto Gaona Silva 2023) www.intersip.org