MI COLUMNA
Se agudiza el hambre
Por Carlos Robles Nava
Gracias a las raterías gubernamentales cometidas en México, no prosperan los programas para abatir el hambre que padecen millones de familias provocando que se sumen más grupos vulnerables a la falta alimenticia.
Datos dados a conocer por la Auditoria Superior de la Federación, al tan cacareado programa del 2017 “Cruzada Nacional Contra el Hambre”, (CNcH), le faltó estrategia y su coordinación fue nula por parte de la Secretaría Federal de Desarrollo Social, por lo que pide corregir, modificar o de plano suspender el programa que además de los anteriores factores ha sido afectado por actos de corrupción de su personal de distintos niveles.
Independientemente a los argumentos de este fracaso dichos por la Auditoria Superior de Justicia, hay que sumar la ausencia de supervisión que debe ser fundamental en estos programas oficiales considerando además que muchos de sus encargados y responsables, esperan cualquier oportunidad para llevarse su “tajada”, aunque en esas malas acciones se prive a familias que en realidad requieren y demandan a gritos que los gobiernos de cualquier nivel se “acuerden” de ellos.
De los 7 millones 466 mil 800 mexicanos que en el 2017 fueron reportados por SEDESOL en pobreza extrema alimentaria, escasamente se atendieron a 8 mil 696 personas que representa el 0.1 por ciento de la totalidad.
Entre las causas de la baja población a nivel nacional que recibió los beneficios del citado programa, se señala la insuficiencia de ingresos, en la carencia de salud, seguridad social, vivienda y servicios sociales, agravada por la nula transparencia que hubo en el manejo de los dineros públicos destinados a estas acciones.
En los cinco años de implementarse la Cruzada Nacional Contra el Hambre, SEDESOL no reportó en la cuenta pública de los ejercicios del 2013 al 2017 datos sobre el cumplimiento de los objetivos fijados en el decreto por el que se estableció el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre.
Por otro lado, en este programa SEDESOL incluyó a 10 dependencias y 16 entidades responsables en 30 programas presupuestales, pero la Auditoria Superior de la Federación, no encontró los reportes que dichas dependencias y Estados debieron hacer de los recursos para la implementación de la Cruzada.
Es doloroso que por esas corruptelas se prive a millones de familias de recibir un apoyo que tanto demandan por sus condiciones de pobreza extrema, pero más criticable y lamentable es que los recursos vayan a parar a sinvergüenzas que sin escrúpulos se apoderan de dineros destinados a menguar en algo la pobreza alimentaria.
Miles de esas familias se ubican en Entidades donde está muy marcada la pobreza en sus distintos niveles y que son entre otros, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y San Luis Potosí, aunado a que tienen sus asentamientos en partes un tanto inaccesibles por tratarse de las sierras de dichas Entidades.
La indiferencia de las autoridades gubernamentales para castigar estos abusos y delitos, provoca que se recrudecen las condiciones de esas familias a las que no llegaron los beneficios de programas gubernamentales canalizados para amortiguar un poco sus limitadas condiciones de vida. (www.intersip.org)