Rodaron cabezas en el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, diciéndose de manera extraoficial que es en relación a la mala inversión que por 92 millones se hicieron en la sociedad financiera FICREA, groso error cometido por la ambición y codicia de ganar dinero con dinero ajeno, disculpando la redundancia, pues la intención era poner a sudar algunos intereses arriba de lo que ofrecen las instituciones bancarias.
Mi Columna
¿ Y los otros 30 ?
Por Carlos Robles Nava
Rodaron cabezas en el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, diciéndose de manera extraoficial que es en relación a la mala inversión que por 92 millones se hicieron en la sociedad financiera FICREA, groso error cometido por la ambición y codicia de ganar dinero con dinero ajeno, disculpando la redundancia, pues la intención era poner a sudar algunos intereses arriba de lo que ofrecen las instituciones bancarias.
Ahora resulta que el chivo expiatorio o quién pagará los platos rotos será Héctor Alvear Alvarado, que llevaba ya sus años como Oficial Mayor del T.S.J., gente de mucha, diría demasiada, confianza del Presidente del citado Tribunal, Gregorio Pérez Mata.
Considerando y de acuerdo a una publicación hecha por un medio de información de Saltillo, la salida del ahora ex oficial mayor y de otros funcionarios menores del T.S.J., forma parte del esquema de limpiar la suciedad de la casa propia, en lo oscurito o sea quitando simplemente y no consignando ante las autoridades competentes, pues no hay que olvidar que el tomar dinero ajeno es un delito, si es que se trata de ello el presente caso, ya que solo hay que recordar que los 92 millones de pesos puestos a “sudar” era lo acumulado por aquellos procesados que para obtener una libertad condicional depositan garantías económicas, en este caso dinero, en el fondo creado para ello, es decir, se tomó malamente de dinero de donde no debió haberse sacado porque no eran recursos del Tribunal.
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gregorio Pérez Mata, ha dicho hasta el cansancio su confianza de que se recuperarán los 92 millones, acción de una mala decisión que considerando la millonaria perdida, por ahora, es imposible que su uso lo decida un funcionario de segunda o tercera, porque de ser así, es demasiada la confianza depositada en una o varias personas, lo que habla en sí de la poca malicia o carácter de mando de quien sea la máxima autoridad de la institución oficial o particular de que se trate y tenga el dinero mencionado.
Sin embargo, la situación que enfrenta en este momento la máxima autoridad de impartición de la justicia de Coahuila no es muy placentera que digamos, pues hay otras “observaciones” que ha hecho la Auditoria Superior del Estado, como es el subejercicio de 30 millones que al no ejercerse debieron haberse regresado a las arcas estatales, lo que no sucedió y se utilizó sabrá para qué.
No recuerdo, al menos en los últimos 35 años, que el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, haya enfrentado este tipo de irregularidades o situaciones, pues ello, definitivamente refleja ante la ciudadanía, una mala imagen, pues debe entenderse que siendo el órgano que imparte justicia, es a la vez la institución en donde con hechos la justicia debe aplicarse con toda honradez y decencia desde todos los puntos que se expongan de quienes integran ese importante órgano gubernamental que representa uno de los bastiones de gran importancia dentro de la estructura de un gobierno estatal o federal y esos poderes son el legislativo, judicial y ejecutivo, este último según sea el caso queda en manos de quien ocupe la Presidencia de la República o algún gobierno estatal.
Por obligación y otros factores más, el poder judicial estatal debe limpiar la casa pero impartiendo justicia, caiga quien caiga, porque eso de que dentro de esa jurisdicción se comete un ilícito y simplemente se le cesa o despide como a cualquier empleado gubernamental o particular, no es correcto y menos honesto.
Al menos, estos comentarios se basan por ahora en lo dicho de manera extraoficial y ante la falta de una información oficial, porque bien se dice, la desinformación surge precisamente por la falta de información.
Por otro lado, quien o quienes hayan decidido disponer de los 92 millones de pesos, deben hacer frente a su irresponsabilidad y, el segundo caso, el destino malo o bueno que se haya dado a los 30 millones de subejercicio, igual debe transparentarse porque no son dineros particulares, sino se trata de recursos públicos en los que los ciudadanos coahuilenses deben y tienen que ser informados hacia donde se fueron y porqué dispusieron de los 30 millones y no retornaron a las arcas como lo marca la ley que es la que tienen que vigilar se cumpla. (www.intersip.org)
