MI COLUMNA
Márquenles el alto
Por Carlos Robles Nava
El endeudamiento fácil y desproporcionado que están contrayendo los Estados y Municipios del País, ha traspasado los límites de esos gobiernos, siendo lo peor que la mayoría de éstos no cuentan con la capacidad suficiente para cumplir con los exagerados créditos imposibles de cubrirlos en su período constitucional en que estarán al mando en su comunidad, se trate de un gobierno estatal o municipal.
Según la Secretaría de Hacienda los préstamos que estas instituciones tienen con la banca privada ha llegado a 568 mil 589 millones de pesos, representando el 3.1 del Producto Interno Bruto de todo el país.
Está deuda es hasta septiembre del 2016 y corresponde solo a créditos a corto plazo obtenidos por los gobiernos locales anteponiendo de garantía los ingresos propios, preferentemente las participaciones que mensualmente les hace llegar la Federación.
Hace cosa de tres a cuatro años y ante la enorme cantidad de deuda de los gobiernos estatales y municipales no pagaban, por lo que la Comisión Nacional Bancaria, condicionó a las autoridades locales y estatales que para prestarles tenían que hacer un compromiso con Hacienda para que esta pagara la mensualidad del crédito y lo hiciera tomando los recursos federales conocidos como participaciones que reciben del gobierno Federal mensualmente.
Esa condición está permitiendo a Hacienda ir controlando el endeudamiento, pues cuando un gobierno estatal o municipal llega a su tope de acuerdo con los dineros que cada mes recibirá de la Federación, enciende las luces rojas y no da su visto bueno al banco que se le pidió el crédito.
Para tener una idea de hasta donde ha llegado el endeudamiento de las Entidades y municipios, los hay que de la Federación dejaron de recibir hasta el 95 por ciento de las participaciones federales que les corresponde cada mes.
Esto ha provocado que esos gobiernos estatales no hagan obras directas y se tengan que apoyar con los “paquetes etiquetados” que les asigna la Federación, aunque eso no ha sido impedimento para presumir y alardear como obra hecha por ese gobernador o alcalde lo que en la realidad se hizo con recursos federales.
La modificación a la asignación de obras etiquetadas tiene su razón de ser, pues no faltó gobierno de algún Estado o Municipio que cuando recibía el dinero lo empleaba para todo menos para los trabajos etiquetados e inclusive llegaron y sigue esa conducta corrupta de tomar ese recurso para gastos personales u otro concepto, menos para lo que asignó.
Hay gobernadores y Presidentes Municipales que han sabido con inteligencia y audacia, hacer sentir a sus gobernados que con fondos económicos recaudados por su administración hicieron las obras inauguradas o las que tienen en proceso.
Y, aunque en la actualidad, el gobierno federal puso sus condiciones para que los bancos le presten a Estados o Municipios, es necesario les pongan un alto ya que puede llegar el tiempo en que los futuros gobernantes se conviertan en simples pagadores de deudas contraídas por su o sus antecesores. (www.intersip.org)
