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Carlos Robles

Van sobre los jueces

Por casi 30 años, jueces federales y secretarios de diversos Juzgados de Distritos en el país, corrompidos por los líderes de las distintas organizaciones dizque protectoras del patrimonio familia, estuvieron otorgando amparos para proteger la entrada a México de millones de vehículos que por su antigüedad e incumplimiento de las normativas aduanales y ambientales, no debieron haber pasado a nuestro país.

Mi Columna

Van sobre los jueces

Por Carlos Robles Nava

Por casi 30 años, jueces federales y secretarios de diversos Juzgados de Distritos en el país, corrompidos por los líderes de las distintas organizaciones dizque protectoras del patrimonio familia, estuvieron otorgando amparos para proteger la entrada a México de millones de vehículos que por su antigüedad e incumplimiento de las normativas aduanales y ambientales, no debieron haber pasado a nuestro país.

Esa irresponsable conducta de los jueces federales que le entraron al negocio de los autos camionetas, autobuses y otro tipo de unidad automotriz extranjeras, fue aprovechada también por cientos de funcionarios  públicos federales, estatales y municipales, que “sangraron” a los poseedores de esas unidades conocidas como “chocolates”, ilegales o chuecos desde que inician su viaje de la frontera a la Entidad de residencia del conductor, van pagando la “cuota de paso”, es decir, la mordida o moche a los policías federales, estatales y municipales durante toda su travesía, ya que los famosas calcas de “amparados” no todo servidor público del área de seguridad las respetan.

El miércoles de la semana pasada, el Consejo de la Judicatura Federal suspendió a un magistrado, un juez y cinco secretarios después de una investigación realizada y en la que se encontró que estos malos servidores públicos de la Federación, con amparos improcedentes estaban protegiendo la entrada de miles de “chocolates”.

Los sancionados son el Juez, José Neals Andrés Nalda, perteneciente al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero; el magistrado Juan Manuel Serratos Garc{ia, integrante del Quinto Tribunal Colegiado del Circuito Auxiliar de la Quinta Región de La Paz, Baja California Sur.

Además, la aplicación de la ley, aunque tarde, les llegó para los Secretarios Carlos Cataño González, Patricia Ávalos Cornejo, Teresa de Jesús Sandoval Rodríguez y Armando Ochoa Loza, que cada vez que fungían como secretarios en funciones de Juez en el Juzgado Tercero de Distrito de Baja California Sur,  se sumaron a las triquiñuelas y corruptelas de sus jefes superiores para apoyar los amparos que indebidamente se estaban otorgando para proteger la entrada de los “chocolates”.

Y, seguirá la caída de más jueces de distrito federales, después de que la Suprema Corte de Justicia, abrió averiguaciones de todas las denuncias presentadas por la improcedencia de entrada de millones y millones de vehículos chuecos o de contrabando que por treinta años llenaron a México de  contaminación y otros muchos problemas, ya que en su casi totalidad, esas unidades en los Estados Unidos dejaron de circular por su contaminación, mientras que en México, en “donde todo se puede”, al menos así dicen los gringos que vienen a nuestro país, pasaban sin problema alguno.

La misma semana pasada, uno de los puentes internacionales de Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, organismos “protectores” del patrimonio familiar, realizaron un bloqueo en dicho puente, para presionar a la Secretaría de Hacienda a que acuerde la nacionalización de los vehículos chuecos a cuyos propietarios se les engañó con los amparos mafiosos, ya que a raíz de que varias Entidades, entre ellas Coahuila comenzaron al retiro de circulación de los ilegales, los escondieron y escasamente se atreven sacarlos a circulación, porque están conscientes de que les pueden ser decomisados.

El negocio de los vehículos de contrabando, ya se acabó, pues, insistimos que después de 30 años en que nos llenaron de chatarra y basura automotriz, el gobierno federal y la Suprema Corte de Justicia decidieron poner un hasta aquí.

Para esta decisión, hubieron de pasar cinco sexenios presidenciales, dos panistas y tres priistas, quedando pendientes las nuevas reglas que se establecen para la entrada de vehículos chuecos y cuyo acceso a México estará sujeta a estrictas medidas anti contaminantes, pagos fiscales y otros requisitos más que se establecieron en el Tratado de Libre Comercio, firmado hace 20 años por los gobiernos de ese entonces de Estados Unidos, Canadá y México.(www.intersip.org)