Mi Columna

Adiós a los “muerteros”

Por Carlos Robles Nava

He vivido lo suficiente años como para poder constatar el dizque riquezas de “abolengo”, en esta entidad. Posiblemente por mi propia naturaleza de profesión soy muy preguntón, pero además he sido testigo de aquellos que presumen pertenecer de clase social alta por el simple hecho de tener mucho dinero. Sin embargo, soy un convencido que todos aquellos que presumen tener dinero nunca lo han hecho de manera honesta, sino, fregando al más jodido.

Solo por mencionar uno de los tantos rubros dentro de los negocios se encuentra el de las funerarias en donde anteriormente cuando fallecía algún familiar y al no contar con el dinero para los gastos fúnebres, simplemente le pedían una firmita en un papelito y cuando menos se esperaban los dueños de esos negocios embargaban casas o bienes inmuebles, dejando a muchos en la calle.

Pero como “muertitos” fueron realizando por muchos años sus actividades las funerarias que operan en Coahuila, en particular cometiendo conductas inhumanas con los deudos quienes contrataban sus servicios para dar sepultura a sus parientes cercanos o lejanos que se nos adelantaron al final de todos los seres vivientes de este planeta.

Uno de los principales negocios a los que se les “corto las alas” fue por  decreto promulgado por el Congreso de la Unión a iniciativa del Presidente, Enrique Peña Nieto, es la retención del certificado de defunción que conforme a la nueva legislación ese importante documento debe recibirlo directa y gratuitamente los familiares del fallecido.

La improcedente retención del certificado de defunción fue siempre un negocio unilateral de las funerarias, pues no existía acción legal para ir contra esos negocios y, por el contrario, contaban con la protección de los Ministerios Públicos que acuden al lugar del deceso de la persona para dar fe y certificación de las causas del fallecido que bien puede ser por accidente, enfermedad, por razones naturales generalmente por edad y sin faltar delito que perseguir en esas causas de muerte, para no entregar los certificados de defunción a los deudos y dárselos a las funerarias que los retenían hasta que liquidaran el costo del servicio funerario..

Por muchos años, los Ministerios Públicos, al menos en Coahuila, entregaron sin razón ni explicación el certificado de muerte a la funeraria que era llamada, normalmente por la propia autoridad ministerial para levantar o recoger al fallecido y llevarlo cuando se establecía una autopsia para deslindar delito alguno o por enfermedad o razones naturales.

Ya en manos de los “muerteros” sin que suene a insulto, el tan mencionado certificado de defunción se convertía en improcedente o procedente, según el criterio de cada quien, la retención del cuerpo inerme para que la familia le diera santa sepultura,  sin antes no pagar el costo del arreglo del cadáver, el ataúd, servicios en general de funerales como es el uso de la sala, con o sin aire acondicionado por si el “muertito” tiene calor o no, el “cofee break” con sus galleticas, crema, leche, refrescos y en fin todo lo que es dar un servicio funeral.

El Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, ingeniero y diputado José María Fraustro Siller, declaró a la prensa que será ilegal “secuestrar” certificados de defunción, que implícitamente lo retenido por las funerarias era el cuerpo del familiar hasta en tanto no se pagaran los servicios.

Esto quedo estipulado legalmente en la aprobación de la Ley de Certificados de Defunción, que explicó el legislador, servirá el nuevo instrumento legislativo para impedir que se le dé a ese importante y valioso documento un uso inadecuado, explicando que en la mayoría de los casos ese documento se retenía para una utilización que no era la adecuada.

Dijo que esto lo hacían instituciones de salud y funerarias hasta que no se les pagaran los servicios, dependiendo el cada caso, siendo de hecho y en la realidad una presión en la pena por la que atravesaban los deudos, para liquidar a fuerza al centro hospitalario y funeraria que había dado algún servicio al occiso.

El gobierno de Rubén Moreira, dijo Chema Fraustro Siller, envió una iniciativa para que lo promovido por el Mandatario de la Nación, llamada justicia cotidiana y que tiene que ver con los aspectos de todos los días en donde la gente está sufriendo y que se debe ir mejorando, recalcando y siendo concreto, manifestó sin rodeos que a partir de esta nueva ley nadie, absolutamente podrá con el certificado de defunción hacer presión para que se le pague el o los servicios, pues esto es una cuestión de carácter civil la que se debe atender en otro renglón, es decir, la clínica, centro hospitalario o funerarias en general que resulten afectadas por la falta de pago de los servicios, tendrán que recurrir a otras instancias legales para que se les paguen su o sus servicios.

Y, como todo llegó a su fin el ciclo de vida de afectación a los deudos.(www.intersip.org)