Mi Columna
Hechos no palabrería
Por Carlos Robles Nava
A casi seis meses de que salió a flote públicamente la improcedencia e involucramiento de funcionarios estatales, así como de médicos de instituciones oficiales que extendieron certificados médicos amparando a supuestos discapacitados para recibir el beneficio de placas preferenciales para esas personas, las cosas no han pasado de simple palabrería.
En días pasados, el Administrador Fiscal General del Estado, Roberto José Díaz, por enésima ocasión ha “amenazado” que se castigará a todo aquel servidor público o no que haya metido sus manos en este sucio negocio, en donde se abuso de la facilidad otorgada por el gobierno estatal para amparar a los discapacitados con una placa especial que le permite estacionarse en puntos exprofeso y que se identifican como los del “escudo azul”.
La única novedad es que Roberto José Díaz, apenas turno a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas dos mil casos de placas para discapacitados por presuntas irregularidades y en las que están involucrados médicos lo mismo del Seguro Social que el I.S.S.S.T.E., al igual que funcionarios estatales.
El costo de las placas para personas con discapacidad física es de 38 pesos, lo que representa doble beneficio para quienes con o sin triquiñuelas logran recibir una de las tan codiciosas placas del “escudo azul”.
Y, aunque se dude, pocos pero hubo aproximadamente unos 600 poseedores de estas placas que voluntad propia las regresaron, preferentemente por ya no serles útiles, pues la persona discapacitada se nos adelantó o bien porque fue rehabilitado y ya no requería de ese trato especial otorgado al portar las tan mencionadas placas.
Originalmente y en años anteriores al 2016, a nivel estatal el promedio de expedición de estas placas fue de casi tres mil y ahora con las corruptelas que se cometieron, se triplicó el número de personas que “resultaron” con discapacidad.
El año pasado, la expedición de esas placas llegó a nueve mil, esto gracias a la complicidad de deshonestos y desleales funcionarios estatales que cedieron a la corrupción al recibir una “compensación” por su intervención ante quien daba el visto bueno para “comprar” las codiciadas placas del “escudo azul”.
No hay dudas y sino tiempo al tiempo de que las cosas quedarán pendientes al no castigarse a aquellos que indebidamente se prestaron a maniobras improcedentes, pues no hay que olvidar que este año es el último de esta administración estatal, por lo que los titulares de las principales dependencias estarán más ocupados en cerrar ciclos que en andar procedieron de hechos ya pasados.
Es doloroso cómo llegan a terminar estas corruptelas refiriéndonos concretamente a que no se procede conforme a la ley y, por el contrario, las mismas autoridades obligadas a respetar éstas, participan en su desacato.
Según Roberto José Díaz, irán contra los funcionarios estatales que de distintas maneras participaron en estos procedimientos ilegales, pero sobretodo, criticables por tratarse de servidores públicos. (www.intersip.org)
