mi columna

Con o sin ella

Por Carlos Robles Nava

Es doloroso darnos cuenta que en México y al menos por cuanto hace a la efectividad de nuestras leyes, se cuenta con los dedos de una sola mano y sobran las que se ejecutan y cumplen para lo que fueron promulgadas.

En balde las discusiones y enfrentamientos en las tribunas de los distintos y variados partidos políticos con que contamos y vaya que son muchos, se pierde más el tiempo y dinero para legislar que para lo que sirven esas nuevas normativas para hacer cambios y eliminar viejos y arraigados vicios.

Entre la infinidad de casos concretos está entre ellas la que la nueva Ley del Sistema Nacional Anticorrupción tema que urge se ponga coto ante la gran cantidad de abusos y raterías que se cometen con los dineros públicos, quedando impune los nuevos ricos hechos con dinero ajeno y tomado ilícitamente.

Más tardaron las Cámaras de Diputados Federales y Senadores en determinar los últimos detalles para promulgar la “nueva” Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, aprobada por el PRI y el Verde Ecologista de México, este último comparsa del Revolucionario Institucional, que para desacreditarla y minimizarla.

Los legisladores de oposición llegaron a la conclusión de que la dizque ley para detener las corruptelas del sector oficial o gubernamental. nació “mocha” por las enmiendas que le hicieron para seguir dando impunidad y protección a los funcionarios de los tres poderes de gobierno e igual de los de la Unión o sean diputados locales, federales y legisladores que cometan actos deshonestos y que no son ninguna otra cosa más que las raterías y sinvergüenzadas de siempre o sea enriquecimiento explicable porque viene de los dineros impuestos de todos los mexicanos.

Para los senadores y diputados opositores al Revolucionario Institucional, la ley es insuficiente para atacar los abusos, excesos y desvíos de recursos públicos.

Entre las “travesuras” de los “ecológicos y tricolores” figura el impedir se modificara el artículo 108 de la Constitución para retirar la inmunidad al Presidente de la República en turno, para que en dado caso pueda ser procesado por actos de corrupción.

Como si fuese poco, se negaron a quitar el fuero de altos funcionarios para ser llevados ante la justicia a gobernadores, alcaldes y legisladores, pues primero es necesario e indispensable desaforarlos.

Por otro lado, se negaron a incorporar en la nueva ley la obligación de hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de interés de los servidores públicos.

Diputados federales y senadores opositores del PVEM y PRI, calificaron de corta las reformas hechas a esta ley considerando la secuela de corrupción e impunidad que según estimaron ha dejado pérdidas a las arcas públicas de los diferentes niveles de México por 150 mil millones de pesos, considerando la cotización actual del dólar.

Razonaron sus puntos de vista en el sentido de que la política seguirá siendo un espacio de impunidad gracias al fuero, pues ningún político podrá ser tocado ni con el pétalo de una rosa, comenzando por el Presidente en turno que no será sujeto a las leyes del Sistema Anticorrupción.

Sobran los puntos de vista y razonamientos de los partidos contrarios al PRI y Ecologista para calificar y a partir de ya darle el alias a esta ley como “La Mocha”, pues vaya que al muy propio y acostumbrado estilo de los partidos políticos cuando están en el poder, saben acomodar las piezas a su muy peculiar estilo de protegerse de las fechorías cometidas en ofensa de los mexicanos y más tratándose de dinero que se roban reduciendo los presupuestos para obras de beneficio colectivo.

A final de cuentas con o sin la susodicha ley, los saqueos de dineros públicos seguirán, ya se dio solución al problema de la impunidad y corrupción de nuestro país, quedando en nada o como ha estado siempre, a seguir robando al fin y al cabo no pasa nada. (www.intersip.org)