Mi Columna
El país de la “mordida”
Por Carlos Robles Nava
Son miles las placas vehiculares para discapacitados que anualmente expide el gobierno de Coahuila, empero, cuántos de esos son personas realmente imposibilitadas físicamente para conducir un vehículo.
Por desgracia, no más de la mitad de esas placas pertenecen a personas en verdad discapacitadas, el resto la obtiene gracias a una serie de tranzas que van desde comprar a un médico un certificado de discapacidad, a influencias o conocidos entre la gente que autoriza la salida de las láminas y a extorsiones pagadas a gente que lleva años ofreciendo sus servicios.
La ambición de tener placas para discapacitados, es porque se les fija un precio exageradamente reducido al costo normal, así como disponer de la comodidad de llegar a los estacionamientos asignados exprofeso que en la casi mayoría de los casos, generalmente se encuentran desocupados.
En años anteriores dicho por la Administración Fiscal General de Coahuila, el costo promedio de placas y tenencia and en promedio doscientos cincuenta pesos, que comparado al resto de conductores supera los mil o mil quinientos pesos, dependiendo del modelo.
Conforme al último informe oficial sobre el número de placas para discapacitados expedidas, eran arriba de 20 mil, pese a que de acuerdo a estimaciones no rebasa el uno por ciento de conductores verdaderamente discapacitados frente al volante de una unidad motriz.
Lo anterior es lo que los coahuilenses observamos en cualquier región o cabecera municipal de la Entidad, lo que provoca malos pensamientos en el sentido de que todo con una “mordida” se arregla y más tratándose con esa lastimosa frase de que “mi jefecito o jefecita, mi carnalito, mi hijito, etc. no puede caminar, esta inválido”.
Si hay mucha verdad en algunos de estos casos, el pariente invocado padece de alguna discapacidad física, pero las autoridades recaudatorias que expiden esas placas, no corroboran si es cierto o mentira.
Dicho por la misma Administración Fiscal General de Coahuila, una gran mayoría de los “certificados” médicos de invalidez extendidos por facultativos corruptos e insensibles, se extienden como propaganda de tiendas en oferta
La misma Administración Fiscal del Estado, ha repetido hasta el cansancio que se tiene identificados y ubicados a los médicos que se han dejado extorsionar para extender las “constancias” de la invalidez, lo que es un delito.
Está comprobado que casi el cien por ciento de propietarios que gestiona una placa para discapacitado, trae vehículos de reciente modelo o bien cuya antigüedad no rebasa los tres o cuatro años, es decir, son personas con capacidad económica que abusa de los beneficios que ofrece el gobierno estatal.
Se está haciendo costumbre que los más beneficiados son coahuilenses con recursos económicos y que abusan de las bondades que ofrece la administración estatal.(www.intersip.org)
