OPINIÓN

Por Guillermo Robles Ramírez

Niños en la calle: el precio de la confianza ciega

Bajo los árboles de la Alameda, con este calor de julio que ya no da tregua en Saltillo, uno se pone a platicar de lo que ve todos los días y de lo que no cambia, aunque pasen los años. Fíjense ustedes, ando recordando una charla que tuve hace poco con un vecino de un fraccionamiento de por acá, de esos que ya no son solo para los que tienen lana de sobra. Me decía que en el grupo de WhatsApp andan enojados porque un repartidor casi se lleva por delante a un chamaco que salió corriendo sin mirar. “¡Que respeten!”, decían. Y uno se queda pensando: ¿respetar qué, exactamente?

La cosa empezó con buena intención, eso nadie lo niega. Hace décadas, cuando la inseguridad apretó fuerte por el norte, estos lugares se pensaron para dar un poco de tranquilidad. Seguridad, sí, y también esa exclusividad que marcaba quién podía y quién no. Con el tiempo, pues la cosa se extendió. Ya no solo en las zonas “fifís” de Saltillo o Torreón. También en colonias de clase media y hasta en áreas de Infonavit. La gente, harta de las “ratas de dos patas”, pidió rejas, plumas, vigilante en la entrada o hasta patrullaje adentro. Cada uno con sus reglas. Y la verdad es que en muchos lados eso ha ayudado a que la gente duerma un poco más tranquila.

Pero hay un problema que se repite en todos, sin importar si es lujo o más humilde: el exceso de confianza. Esa idea de que una vez adentro ya todo está bajo control y uno puede soltarse. Y ahí es donde entra lo de los niños. Desde los seis hasta los once años, muchos papás y mamás los dejan salir a la calle a jugar. “La calle es de los niños”, repiten. Aunque haya parques o áreas verdes dentro del fraccionamiento. Insisten en que la calle tiene que ser el lugar, porque “es de todos”. Sin nadie vigilando de cerca. Los juguetes regados en medio de las calles. Y entonces exigen que el que maneja, sea vecino, sea el que trae la comida, el gas o el agua; vaya despacio, esquive, como si fuera su obligación sagrada.

Yo he visto eso en Saltillo, en Torreón, hasta en Ramos Arizpe o por allá en Arteaga cuando andaba reporteando. Y la verdad duele decirlo, pero las calles no son parques. Los reglamentos municipales de tránsito de Saltillo y de Torreón, y la ley estatal que los rige, dejan claro que las vías públicas son para la circulación de vehículos y peatones de forma ordenada. No está contemplado que los niños jueguen libres en medio del tráfico sin supervisión. Nadie puede poner obstáculos, ni macetas grandes, ni nada que impida el paso normal. El libre tránsito en las vías públicas es un principio que está ahí, aunque a veces parezca que se olvida cuando hay dinero de por medio.

Y luego está la otra parte, la que duele más porque toca lo familiar. La patria potestad y la custodia no son solo derechos; son responsabilidades. La ley federal de derechos de niñas, niños y adolescentes y la estatal de Coahuila dicen que los padres tienen el deber de proteger, cuidar y supervisar a sus hijos menores. Dejarlos solos en un lugar donde pasan carros no es “darles libertad”. Es una forma de descuido, de omisión de cuidados.

La PRONNIF, sí esa procuraduría que atiende reportes de vulneraciones a los derechos de la niñez en el estado puede recibir denuncias por eso. No van a llegar por un día de juego, pero sí orientan, advierten y, si el caso se repite o es grave, pueden intervenir. Porque si llega el atropellamiento, la justicia va a preguntar por qué el niño estaba ahí sin nadie pendiente. No es que el conductor quede libre si iba a exceso de velocidad; la ley busca el equilibrio. Pero pretender que “la calle es de los niños” y que los demás tienen que cargar con la precaución extra… eso no lo dice ninguna norma.

Recuerdo cuando cubrí un caso parecido en la Laguna, hace ya varios años, pero la historia se sigue repitiendo. Un chamaco de unos ocho o nueve salió disparado de su casa. El conductor frenó lo que pudo, pero no alcanzó. En el grupo de WhatsApp y en las pláticas de la colonia la ira se desató contra el que manejaba.

Nadie mencionaba que los papás estaban adentro, confiados. Uno platicó con gente de la zona y muchos decían lo mismo en voz baja: “Pos sí, pero los niños no deberían estar ahí solos”. Luego callaban, porque decirlo en público es complicado.

Y ahí viene lo de las bardas y las rejas. En Saltillo se habló hace años de regular mejor eso, de que no se cerraran colonias enteras sin más. Pero las constructoras siguen levantando en los fraccionamientos nuevos. En Torreón, el caso del Campestre La Rosita sigue siendo ejemplo de cómo las cosas se tuercen.

Hace tiempo pusieron macetas y jardineras para “controlar” el paso, cerraron accesos. Hubo amparos, se dijo que las rejas eran ilegales porque obstruían el libre tránsito que marca la ley. Las autoridades de todos los niveles se hicieron de la vista gorda. Porque ahí vive gente que puede pagar y que tiene voz.

En 2025 el Congreso del estado aprobó reglas nuevas para que los fraccionamientos cerrados y semicerrados puedan tener reglamentos internos con más certeza jurídica. Pero siempre con la condición de que no se impida el libre paso, sobre todo a autoridades y emergencias, y que todo respete las normas de vialidad y urbanismo. En la práctica, en lugares como ese, la cosa sigue igualita: el privilegio pesa más.

Uno no está en contra de que la gente busque seguridad. Vivimos en un Coahuila donde la inseguridad sigue tocando puertas y la gente hace lo que puede. Pero cuando esa búsqueda se convierte en excusa para no hacerse cargo de lo propio, o para que unos cuantos doblen las reglas que deberían valer para todos, ahí está el nudo. Los padres que sueltan a los chamacos sin mirar están fallando en lo primero que les toca. Los que cierran u obstaculizan calles públicas están fallando en respetar lo que es de todos. Y las autoridades que cierran los ojos porque “son colonos de bien” están fallando en hacer valer la ley sin distingos.

Al final, cuando pasa lo inevitable, ese momento en que un niño corre y un carro no alcanza a frenar, la pregunta que queda flotando es dura pero necesaria: ¿quién tiene realmente la culpa y a quién le toca responder? La ley no regala calles para jugar sin cuidado. La ley tampoco permite que el dinero o la confianza ciega cierren lo que es público. Ojalá que algún día entendamos que la verdadera seguridad no está solo detrás de una reja o una pluma, sino en la responsabilidad compartida: padres que vigilan, vecinos que respetan las normas, y autoridades que hacen valer la misma regla para todos, sin importar si hay bardas o no. Porque al final, los que pagan caro cuando todo se tuerce son siempre los más vulnerables. Y eso, pues la verdad, ya no debería seguir pasando como si fuera normal. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México, Presea Trayectoria Humberto Gaona Silva 2023) www.intersip.org