Los graves problemas que México tiene en relación a la impunidad y corrupción lo mismo en el sector privado, pero de manera preponderante en el oficial por tratarse de funcionarios y recursos públicos, no serán resueltos con la tan cantada y llevada y traída ley anti corrupción que ya fue aprobada por Diputados Federales y Senadores, trabajándose en estas fechas en la elaboración de las leyes secundarias cuya importancia es tal que una ley sin esos apartados no sirve para nada.
MI COLUMNA
Con y sin ella
Por Carlos Robles Nava
Los graves problemas que México tiene en relación a la impunidad y corrupción lo mismo en el sector privado, pero de manera preponderante en el oficial por tratarse de funcionarios y recursos públicos, no serán resueltos con la tan cantada y llevada y traída ley anti corrupción que ya fue aprobada por Diputados Federales y Senadores, trabajándose en estas fechas en la elaboración de las leyes secundarias cuya importancia es tal que una ley sin esos apartados no sirve para nada.
Para restarse fuerza a esta nueva legislatura que pomposamente se ha anunciado como el antídoto de los principales cánceres que existe en la esfera gubernamental lo mismo federal, estatal que municipal, solo hay que darle un ligero repasón o leída a esta ley, dizque anticorrupción, en donde se reafirmó y consolidó el fuero que si bien no tenían por ley los alcaldes, gobernadores y el mismo Presidente de la República en turno, en el nuevo escrito viene bien estipulado que el “preciso” será intocable y que gobernadores y alcaldes no podrán ser juzgados por trinquetes, raterías, etc., mientras estén en el poder, pero como si fuese poco, se amplió a más años, en vez de reducirse la prescripción de los delitos que en menos cabo de los impuestos cometan esos niveles de mando.
En un solo día, en la actualidad, los medios de comunicación dan cuenta de que siguen los fraudes o robos millonarios de funcionarios de cualquier nivel.
Tal es el caso y en los últimos días, como un pequeño ejemplo, es la “desaparición”, en el sector oficial así les da por llamar a las raterías o triquiñuelas de dineros públicos por parte de uno más funcionarios, de 400 millones de pesos que se habían asignado para pagar pensiones de maestros de Telesecundaria, que durante toda una vida laboral atendieron a grupos de niños de las regiones más pobres del Estado de San Luis Potosí, señalándose como autor de esa “desaparición” a Juan Manuel Carreras López, ex secretario de educación en San Luis y en este momento, “flamante y digno” candidato del PRI a la gubernatura de la tierra de las “tunas”.
El saqueo de los 400 millones de pesos salio a la luz pública cuando el gobierno estatal de San Luis, no pudo pagar las pensiones de los maestros jubilados y pensionados asegurando las víctimas que el saqueo fue encabezado por el candidato priista a gobernador e igual están metidos hasta las “chanclas” otros funcionarios menores, así como dirigentes sindicales de la Sección 26 del S.N.T.E
Por otro lado, el Presidente Nacional del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani,, declaró que los problemas de corrupción, impunidad y opacidad son en especial a escala gobiernos municipales y estatales, afirmando que poco se hace para combatir esos flagelos.
De las irregularidades detectadas a municipios y estados por la Auditoria Superior de la Federación, el 70 por ciento corresponde a Estados y Municipios, afirmó Gutiérrez Candiani.
Un acto más de corrupción es la confirmación oficial de que la fábrica alemana de armas de fuego de todo tipo, Heckler & Koch, envió a México ilegalmente entre el 2003 y 2011, más de 9 mil fusiles hechos llegar a Chihuahua, Jalisco, Guerrero, Chiapas, con autorización oficial.
Al margen de que el gobierno germano está pidiendo sanciones a esa empresa y a funcionarios aduaneros de su propio país que hicieron el envío, si esas armas entraron a México quiere decir que también hubo corrupción del lado de los aduanales mexicanos, hayan sido enviadas por mar, aire o tierra.
Por otro lado, los medios dan cuenta que el gobernador del Edo. de México, Eruviel Ávila Villegas, anunció una investigación y auditoria sobre los cobros sin hacer obra de la empresa OHI, supuestamente encargada del viaducto “Bicentenario”.
Además el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, afirmó públicamente que hace un año y directamente al entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, entregó toda la información respecto al crecimiento que estaba tomando el cártel de Jalisco, “Nueva Generación” y no se hizo nada, hasta ahora que sembraron el terror quemando infinidad de instituciones comercios, bancos, gasolineras, camiones de pasajeros y coches particulares. Son los mismos que derribaron con un cohete antiaéreo el helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, causando la muerte de casi una decena de militares. ¿Por qué no se actuó antes del ataque de los malandros?. Por protección, impunidad o corrupción, es pregunta.
Para que llenarnos de leyes anti corrupción, si no se actúa y esas legislaciones son simplemente de papel, porque la verdad es que no se aplican. (www.intersip.org)
