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Jubilados magisteriales se desesperan

Jubilados magisteriales se desesperan

Solo buscan seguridad social justa y equitativa

Por Carlos Robles Nava

Saltillo, Coah., 09 Dic. (SIP) “Hemos sido más que tolerantes y pacientes. así es que no se extrañen de que salgamos a las calles para inconformarnos de la injusticia en seguridad social que se está cometiendo contra los pensionados del magisterio y sus familias”, expresó Roxana Cuevas, una de las dirigentes de la Coalición de Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, tras concluir la conferencia de prensa convocada hoy para reiterar la marginación de que son objeto en la integración de la nueva Ley de Pensiones.

la Coalición la falta de diálogo para expresar sus propuestas para la nueva Ley; del ocultamiento sobre el paradero de cientos de millones de pesos “desaparecidos” por la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de las Educación, cuyo manejo calificó “la iglesia en manos de Lutero”, al ser administrada y dirigida por los líderes de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; de los descuentos injustos e improcedentes en la mensualidad que reciben los pensionados, de la desaparición prácticamente del servicio médico-hospitalario del magisterio, pese a que no se dejan de rebajar las cuotas y de otras situaciones consideradas como injustas y una agresión al derecho de seguridad social de los pensionados del magisterio.

Explicó la maestra Roxana Cuevas, quien en la reunión fue acompañada por representantes de los trabajadores y maestros de las Universidades Autónomas Agraria Antonio Narro y la de Coahuila, así como de las Secciones 5ª, 35 y 38 que conforma la Coalición en mención.

La exposición de las razones de la reunión de prensa, la inició la dirigente Roxana Cuevas, con un reconocimiento de la Coalición al Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdés, al reconocer que el descuento del 6.5 % que se hace a los ya pensionados, es inconstitucional y se comprometió a que será derogada de la nueva ley de Pensiones cuya iniciativa está ya en manos del Congreso del Estado, esperándose sea aprobada este mismo mes de diciembre para entrar en vigencia a partir de enero del 2016.

Sin embargo, recalcó, eso es todavía insuficiente para terminar de fondo con las inconsistencias jurídicas y la inconstitucionalidad en caso de aprobarse sin cambios tal y como se presentó al poder legislativo la iniciativa de la nueva Ley de Pensiones.

Hoy, por la mañana, al concluir la reunión con la prensa, los dirigentes de la Coalición acudieron al Congreso en donde celebraron una prolongada reunión con el diputado local, Francisco Tobías Hernández, encargado de analizar en principio la iniciativa mencionada para luego pasarla a votación en sesión legislativa y en principio de acuerdo al resultado de esa junta, se tomarán las medidas a seguir sobre su exigencia de una seguridad social justa y equitativa.

Expresaron a Tobías Hernández, sus inquietudes y entre ellas están: Ajustar la ley a los principios de igualdad, obligatoriedad, solidaridad, subsidiariedad y universidad; que el Estado asuma la responsabilidad de ser garante de la seguridad social y que el manejo de las pensiones deje estar en manos del Secretario Gral. de la Sección 38 del S.N.T.E., Rubén Delgadillo Romo; suprimir la obligación de los patrones de pagar las pensiones, asumiendo el Estado como garante de la seguridad social, así como la vigilancia del buen manejo y responsabilidad del mismo; se respete la integración de los órganos representados para administrar la citada Dirección de Pensiones; establecer topes mínimos y máximos tanto para el pago de cuotas y aportaciones al sistema de seguridad social; eliminar el pago de la cuota al servicio médico de los pensionados y jubilados que es del 16.25 % de lo que reciben al mes; desaparecer las cuitas obligatorias y adicionales por servicio médico a los activos, pensionados, jubilados y beneficiarios; quitar la tabla de reducir a los beneficiarios, al 6º año de su percepción, hasta el 50 % cuando fallece el jubilado o pensionado; y ordenar una auditoria externa que explique el uso y destino de los recursos aportados a la citada Dirección de Pensiones.