MI COLUMNA
Por tranzas no paramos
Por Carlos Robles Nava
Por algo, los mexicanos a pulso nos hemos ganado la fama de traseros y marrulleros, pues más tardó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cerrar o al menos instrumentar medidas legales para reducir la entrada a México de vehículos chatarra y quienes realizaban este ilícito contrabando automotriz, encontraron una nueva forma para seguir en su jugoso negocio que tanto ha contaminado al país.
La modalidad para seguir con la pasada de unidades automotriz de contrabando, chuecos, chocolates o ilegales, se está recurriendo al sistema del llamado “internación” que permite a mexicanos con residencia en los Estados Unidos a la internación de un vehículo temporalmente y como la regulación de esta facilidad no establece el número de unidades motrices que pueden acogerse a este beneficio, hay quienes introducen en un año un total de 10 a 12 vehículos.
Para ello, los que por más de 25 años hicieron negocio con las mal llamadas organizaciones “protectoras” del patrimonio familiar como FRENOS, UCD, ONAPAFFA y otras, se han contactado con mexicanos residentes en el lado americano para que éstos previo arreglo económico se encarguen de “aprovechar” ese beneficio.
Cuando las unidades motrices pasadas o introducidas a México se encuentran en territorio nacional, el residente mexicano que hizo la internación recibe el dinero convenido para meter esas unidades a México.
A saber y de acuerdo con Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y , Servicios y Turismo, (CONCANACO), por esa “maniobra” el residente mexicano recibe 150 dólares por cada vehículo “internado”.
A la vez consideró dicha organización que esta modalidad para continuar llenando a México de basura contaminante, no solo es un problema social, sino que igual es de seguridad pública por los delitos que se cometen protegiéndose los maleantes con vehículos prácticamente sin información oficial, participando además en percances donde son responsables y no existir muchas posibilidades de localizar al propietario de la unidad para que responda a los daños materiales.
También, se agregó, representa un problema fiscal y en el que no solo la Federación, vía Secretaría de Hacienda, debe participar en erradicarlo, sino por igual es la responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales.
CONCANACO reconoce a la vez que los trámites para la entrada legal de vehículos estadunidense, son largos siendo uno de los motivos la investigación o averiguación que Hacienda debe hacer para certificar la legalidad de los documentos que amparan la propiedad original de las unidades que se pretende meter a México amparados con la “internación”.
Ante el crecimiento de la introducción de vehículos “chuecos”, las autoridades hacendarias fueron apretando o exigiendo de manera más estricta la documentación, ya que igual fueron infinidad las unidades matrices traídas a México y que habían sido robadas en tierras “gringas”.
Sin pretender defender a las autoridades federales, es innegable que cuando un delito se arraiga o sienta sus reales en nuestro país, son mayores los problemas y más largas las acciones para desterrar o al menos disminuir el problema, pues reiteramos, a los mexicanos nos sobra ingenio para marrullerías y tranzas y más cuando de por medio están autoridades de los distintos niveles. (www.intersip.org)