MI COLUMNA
¿Y con que ojos?
Por Carlos Robles Nava
Nuestros gobiernos, sean locales, estatales o federales, ya se acostumbraron a promulgar, impulsar y mandar a la comunidad leyes y reglamentos que si bien es cierto que son necesarios, el principal problema que tienen que enfrentar y es donde termina la acción y gracia de su creación, es la cuestión económica.
En noviembre pasado, precisamente el martes 19, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, fijando las normativas básicas e instrumentos de gestión de observancia general para ordenar el uso del territorio y los asentamientos humanos.
En ese documento se incluyen las obligaciones que tienen los gobiernos estatales para promover y respetar, proteger y garantizar esos ordenamientos.
Hasta allí, todo está bien, sobretodo como es el caso de Coahuila y en particular determinadas regiones como Saltillo, La Laguna de Coahuila y Sabinas, donde sus arroyos y ríos a través del tiempo han sido invadidos y “tapizados” de asentamientos humanos, además de que sobran los ejemplos de que igual esas rúas hidráulicas son “tomadas como propias” por determinadas industrias, como lo es en la actualidad la Región Carbonífera con asiento en Sabinas.
El principal obstáculo y a la vez problema para impedir la invasión u ocupación por asentamientos humanos, es el dinero, pues es imposible mantener sin recursos económicos una vigilancia permanente para estar rechazando y desalojando a los grupos que constantemente buscan varias formas para “fincar” su hogar en las orillas e invadiendo el derecho de esos arroyos o ríos.
En infinidad de ocasiones se tarda más el desalojo de los “invasores” que éstos en retornar insistiendo en lo que ellos llaman “derecho” porque dicen no tienen donde establecer su hogar, aunque a no pocos de éstos se les ha asignado tierras fuera del área que quieren ocupar.
No puede negarse ni ocultar la debilidad de las autoridades municipales que en principio son a las que corresponde directamente mantener “limpios” de asentamientos irregulares los lechos o márgenes de ríos y arroyos, pues les tiembla la mano para proceder conforme a la ley contra los líderes de estos grupos.
En el Río Nazas, en La Laguna de Coahuila, ya se hizo costumbre por no decir normal, la invasión de quienes explotan los mantos de arena y que por decenas de años se han negado a dejar esto que le llaman “conquista” territorial.
Cosa similar sucede con el río Sabinas, en la Carbonífera y no se diga en los múltiples arroyos que tiene Saltillo cuyos terrenos por años han sido invadidos por distintos grupos al grado de que las autoridades locales han cedido o convencido de que es inútil gastar “pólvora en infiernitos”, pues se gastan recursos en los desalojos y no logran avances significativos en esta problemática.
En el tema de recursos económicos para hacer frente a esta situación y cuando los municipios o Estado piden recursos al gobierno federal, los funcionarios en hacer cumplir la Ley General de Asentamientos Humanos, simplemente se quedan viendo a los ojos de quienes piden apoyo financiero para hacer cumplir estos ordenamientos.
Para que perder el tiempo y crear tantas leyes y reglamentos, si el instrumento principal para cumplir es el dinero y no lo suelta la Federación, para qué preocuparse. (www.intersip.org)
