OPINIÓN
Por Guillermo Robles Ramírez
Pagando se resuelve
El problema de la cartera vencida que enfrenta el INFONAVIT sigue siendo uno de los desafíos más graves para el instituto, y no hay escapatoria real más que el pago efectivo por parte de los miles de derechohabientes que mantienen deudas pendientes desde hace años.
No hablamos aquí de aquellos que cayeron en mora recientemente por las dificultades económicas que han golpeado a Coahuila y al país en general, como desempleo temporal, inflación o efectos de crisis pasadas, sino de un grupo mucho más problemático, es decir, los que acumulan atrasos desde hace años, incluso cuando la economía regional y nacional gozaba de periodos de bonanza y estabilidad laboral, y aun así optaron por no cumplir con sus obligaciones.
La idea de vender la cartera vencida a empresas privadas o permitir que participen despachos especializados en recuperación no surge de capricho ni de afán privatizador, sino de una necesidad urgente y concreta: recuperar los miles de millones de pesos que pertenecen a todos los trabajadores afiliados.
Ese dinero no es del instituto ni del gobierno; es aportación tripartita de obreros, patrones y el propio Estado. Con los recursos recuperados se podrían construir más viviendas, ampliar programas de crédito y atender a quienes sí están en lista de espera.
El INFONAVIT, por su estructura y limitaciones operativas, no cuenta con el personal ni la capacidad suficiente para realizar cobranza directa masiva en todo el territorio, por lo que cualquier apoyo externo bien regulado y enfocado en soluciones sociales resulta indispensable.
Se ha repetido hasta el cansancio en medios locales y nacionales que Coahuila ha ocupado de forma recurrente en posiciones muy altas en el ranking de morosidad del INFONAVIT de todas las entidades federativas de la República mexicana.
Aunque las cifras nacionales muestran que la morosidad general ha repuntado en 2025 alcanzando niveles cercanos al 19.4% en algunos reportes trimestrales, según datos de la CNBV y reportes del propio instituto, en entidades como la nuestra el problema ha sido históricamente más agudo.
Hace unos años atrás, al cierre de diciembre, se reportaban alrededor de 22 mil créditos sin movimiento en la entidad, con un atraso acumulado que superaba los 700 millones de pesos. En ciudades fronterizas como Ciudad Acuña, por ejemplo, se concentraban miles de casos pendientes llegando a cifras de hasta 2,500 créditos en mora en un solo municipio, lo anterior es solo para ilustrar la dimensión regional del rezago.
Para dimensionar la gravedad de la morosidad, basta pensar que esos cientos de millones representan recursos que podrían traducirse en viviendas nuevas para familias que hoy no acceden a un crédito. En cambio, permanecen inmovilizados, generando un círculo vicioso que afecta la capacidad del instituto para colocar nuevos financiamientos.
En Coahuila, por ejemplo, se han arriesgado miles de créditos potenciales para el año en curso precisamente por la falta de recuperación de cartera antigua. Junto con el gobierno del estado, el INFONAVIT ha impulsado diversos programas de regularización y reestructura, como opciones de pago fijo, descuentos temporales, congelamiento de saldos en ciertos casos históricos y alternativas personalizadas según el perfil del deudor. Estas iniciativas buscan facilitar el regreso al corriente sin castigos excesivos, siempre con un enfoque social.
Sin embargo, una gran parte de los morosos se resiste a inscribirse o a cumplir, no necesariamente porque hayan perdido el empleo de forma reciente o carezcan por completo de ingresos, sino por una costumbre muy arraigada y una cultura equivocada de impunidad en donde las frases como “para qué pago, si el gobierno tiene mucho dinero” o “el líder que nos defiende ya está gestionando la cancelación total del crédito” siguen circulando como si fueran verdades absolutas.
Esos pretextos ayudan en nada para crear una cultura positiva para la recuperación de la cartera vencida. No existe ninguna condonación generalizada ni mágica cancelación de deudas; el dinero en juego es de todos los trabajadores y patrones que aportan puntualmente. El instituto lo ha dejado claro en cada campaña y comunicado; no habrá perdón masivo, porque hacerlo sería injusto con quienes sí pagan y debilitaría el fondo común que sostiene el sistema de vivienda obrera.
Esos 700 millones o las cifras actualizadas que siguen siendo elevadas en la entidad. Se necesitan con urgencia para nuevos proyectos habitacionales, para mantener el ritmo de colocación de créditos y para no poner en riesgo los cupos asignados a Coahuila en los planes anuales.
Si no hay recuperación efectiva, el flujo se frena, los recursos se agotan y miles de familias que podrían beneficiarse hoy se quedan sin opciones mañana. Otro aspecto preocupante es el rol de ciertos “líderes” o autodenominados luchadores sociales que han hecho de la defensa de morosos un negocio propio.
Muchos derechohabientes de buena fe terminan siendo explotados, les cobran cuotas para “viajar a Saltillo o a la Ciudad de México”, con la supuesta justificación de gestionar ante autoridades; cuando en realidad no hay gestión alguna que prospere fuera de los canales oficiales del INFONAVIT y el gobierno estatal.
Esos intermediarios aprovechan la desconfianza y la esperanza para sacar provecho personal, mientras los deudores siguen acumulando intereses y atrasos.
La única vía real y sostenible son las alternativas que ofrece el propio instituto en coordinación con las autoridades locales: reestructuras, planes de pago accesibles, descuentos por pronto pago o ajustes según capacidad económica real.
Hay opciones para casi todos los casos, desde quienes tienen empleo estable hasta quienes enfrentan dificultades puntuales. La recomendación es directa y no admite rodeos o interventores sino hay que pagar. Porque el INFONAVIT no es un banco común ni un ente gubernamental con presupuesto ilimitado; es un fondo solidario construido con el esfuerzo colectivo de generaciones de trabajadores mexicanos.
Si no se regulariza la cartera vencida, no habrá recursos suficientes para sostener los programas futuros, y el derecho a la vivienda de muchos otros se verá comprometido. Pagar no es solo cumplir una obligación; es invertir en el sistema que permite que más familias accedan a un patrimonio digno. No hay otra salida viable, en pocas palabras, o se paga, o simplemente no habrá más créditos para nadie. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México, Presea Trayectoria Humberto Gaona Silva 2023) www.intersip.org
