OPINIÓN

Por Guillermo Robles Ramírez

Barril electoral que se llena con el sudor de todos

Cuando uno anda manejando es difícil de percatarse de ciertas cosas, y no es hasta cuando vas de copiloto puedes ver con más detalle lo que sucede en tu ciudad. Así como quienes se suben al transporte público o caminan por las principales calles del centro y de repente ve propaganda de partidos en bardas, en postes, en redes, y se pregunta de dónde sale todo eso.

Porque uno paga sus impuestos religiosamente, como la mayoría aquí en el norte, y luego lee o escucha que el Instituto Nacional Electoral y los partidos se reparten cantidades que dan vueltas en la cabeza.

Hace poco, para este 2026, el INE aprobó su presupuesto de operación en torno a los catorce mil millones de pesos, después de que el Congreso le recortara un poco lo que pedía. Y aparte, más de siete mil setecientos millones van directo a los partidos políticos nacionales para sus actividades. La gente se pregunta, con razón, si de verdad vale la pena tanto gasto de dinero que sale de los bolsillos de todos.

Y el detalle es que el sistema sigue pareciendo un gastador que no siente la crisis. En los años que yo he cubierto elecciones, desde las locales en Torreón, Saltillo o Monclova hasta las federales, siempre ha habido esa sensación de que los recursos públicos se van como agua en un barril sin fondo.

El INE justifica parte de su presupuesto con los preparativos electorales, con la organización de las votaciones, con la fiscalización. Y sí, organizar comicios cuesta, no es barato. Pero cuando uno ve las partidas internas, las estructuras administrativas, los sueldos y gastos operativos, y luego compara con lo que la gente necesita en las colonias como baches, agua, seguridad, se le hace cuesta arriba entender el tamaño de las cifras.

De esos más de siete mil setecientos millones que reciben los partidos este año, la mayor parte se reparte según votos y fórmulas establecidas por ley. Morena se lleva una tajada importante, seguida de otros institutos políticos. La ley obliga a que ese dinero se use en promoción del voto, en actividades específicas, en campañas ordenadas.

Pero la verdad a veces las auditorías del propio INE detectan deficiencias, gastos que no cuadran del todo o que se justifican con papeles que dejan dudas. Y mientras tanto, los partidos siguen recibiendo recursos públicos que provienen de impuestos. No es dinero de ellos, es de la gente que trabaja todos los días en las maquilas de Ramos Arizpe, en los comercios de Piedras Negras o en las oficinas de Saltillo.

Y los ciudadanos del norte, como en cualquier parte, llevamos décadas preguntándonos para qué tantos partidos si al final el dinero no siempre se ve reflejado en una democracia más fuerte o más cercana.

Hay quien dice que con menos partidos bastaría, que la competencia se puede dar sin tanto subsidio público. Y tiene su punto. Porque además de los recursos para operación diaria, hay casos donde los institutos políticos adquieren bienes con ese dinero: oficinas, vehículos, propiedades. Y cuando un partido pierde registro o cambia de manos, esos activos no siempre regresan al erario de manera clara. Quedan en manos de quienes dirigían o siguen dirigiendo.

Recuerdo un caso antiguo, de aquellos años, donde una familia ligada a un partido político terminó con propiedades que se compraron con recursos públicos. No fue el único, y la pregunta sigue siendo la misma: ¿adónde va a parar lo comprado con el dinero de todos?

Imagínense nomás en Coahuila. Aquí en el norte uno ve cómo los partidos locales también manejan recursos, organizan eventos, tienen estructuras. Y mientras tanto, la gente sigue lidiando con carreteras que necesitan mantenimiento, con colonias que esperan pavimentación o alumbrado.

No es que uno esté en contra de que exista un órgano electoral profesional. Al contrario, las elecciones limpias son fundamentales. Pero cuando el presupuesto crece y las explicaciones se quedan cortas, cuando las auditorías no terminan de aclarar todo y los bienes adquiridos con fondos públicos parecen quedarse en circuitos cerrados, la inconformidad crece.

La gente no es tonta. Sabe que esos millones vienen de sus impuestos, y espera que se usen con cabeza, con transparencia y con resultados que se puedan ver y tocar.

He platicado con taxistas en Torreón, con comerciantes en Acuña, con amas de casa en Arteaga. Todos coinciden en lo mismo: si el dinero es público, que se justifique hasta el último peso. Que las auditorías sean más profundas, que se vea exactamente en qué se gastó cada partida de promoción del voto o de operación interna.

Porque si no, se genera esa desconfianza que tanto daño hace a la política. Uno recuerda los tiempos del viejo IFE y ve que, aunque ahora es INE y ha habido reformas, el debate sigue vivo. El Congreso a veces recorta, los partidos protestan o defienden sus prerrogativas, pero al final el contribuyente sigue pagando la cuenta.

Y no es cuestión de estar en contra de la democracia ni de los partidos. Es cuestión de sentido común. Si un partido adquiere un inmueble o un vehículo con recursos públicos, ¿por qué no hay un mecanismo más claro para que, si ese partido desaparece o sus dirigentes cambian de bando, esos bienes regresen o se reintegren de alguna forma al beneficio colectivo?

La ley tiene reglas, pero la percepción ciudadana es que a veces se queda en manos de los “jefes” de turno. Y eso, en un país donde la gente trabaja duro para pagar impuestos, genera hartazgo.

Al final, lo que uno quisiera es que este sistema de financiamiento público a partidos e instituto electoral se vuelva más eficiente, más transparente y más cercano a lo que la gente espera.

Que no sea un barril sin fondo donde el dinero entra fácil y las explicaciones salen complicadas. Que las auditorías realmente aclaren y que los recursos se vean reflejados en elecciones más confiables y en una política que sirva, no que solo se sirva a sí misma. Porque mientras siga habiendo dudas sobre adónde va el dinero de todos, la desconfianza va a seguir creciendo. Y eso, a la larga, les hace daño a todos, incluso a quienes defienden el sistema tal como está. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México, Presea Trayectoria Humberto Gaona Silva 2023) www.intersip.org