Mi Columna

Lo quieren de “grapa”

Por Carlos Robles Nava

Para las organizaciones dedicadas al “tramite” y “protección” de los mexicanos que circulan con unidades extranjeras y sin regularización, el problema se agudiza porque el gobierno federal fijo impuestos muy altos para nacionalizar esas unidades, al menos es lo que afirman sus dirigentes actuales que están sufriendo la falta de credibilidad de sus futuros clientes que están optando por adquirir un vehículo nacional o también hacer los trámites directamente, ya que en ese aspecto, las autoridades hacendarias están más abiertas a orientar y advertir de los riesgos que puede conllevar comprar un “chocolate”.

Al menos respecto a los obstáculos dizque para nacionalizar una unidad motriz extranjera, es lo que sostiene María Esther Sotelo Aguirre, Coordinadora Estatal de la Organización Nacional para Protección del Patrimonio Familiar, ONAPPAFA, asegurando que solamente en Coahuila hay 50 mil propietarios de vehículos conocidos como “chocolates”, chuecos o irregulares sin ser regularizados por lo caro que resulta hacerlo.

En promedio el costo para la nacionalización de los vehículos extranjeros, en promedio anda de 30 a 40 mil pesos, dependiendo del modelo y marca, esto sin incluir lo que ONAPPAFA “trasquila” o quita a quienes confiaron en la citada organización en el sentido de que se podían regularizarse.

La nacionalización de los “chocolates” tuvo un alto auge por las grandes ganancias que estaba dejando, lamentablemente y en particular los “clientes” de esos organismos fueron por años de recursos limitados y a que lograr regularizar la situación de la unidad fue todo un sacrificio, obligándolos a caer en manos de los gestores “onapaffos” .

Empero, la tramitación de esa legalización no estuvo ajena triquiñuelas cometidas por mismos dirigentes de ONAPAFFA, así como FRENOS, UCD como entre dos que tres organizaciones que se identificaron como pertenecientes a la CNOP y otros grupos que se enriquecieron con sus compradores de buena fe, lo que fue provocando el crecimiento de una corrupción en que los perdedores siempre fueron los poseedores de un “chueco”.

Estos buenos compradores, la esquilmada, mordidas o moches que tenían que cubrir no era solamente lo que les cobraban los “gestores” de las organizaciones protectoras del patrimonio familiar, sino se convirtió también en un buen negocio para las corporaciones policiacas y de vialidad.

Los adquirientes de los “chuecos” llegaron a revelar las tropelías y raterías que se cometían en su perjuicio, siendo mayor en aquellos casos en que el vehículo era trasladado a Entidades Sureñas, pues a lo largo de su travesía por la República, sobraron los que exigieron y obligaron lo que se llegó a llamar “cuota de paso”.

No fueron pocos los poseedores de estas unidades irregulares que al transcurrir del tiempo reconocieron y lo dijeron que hubiese sido preferible y menos costoso haber comprado una unidad motriz nacional, pues sumando lo que les cobraban los “onapaffos”, las autoridades de tránsito y policiacas por darles el visto bueno en su paso por las entidades, estiman que pagaron más que un vehículo nacional.

Por otra parte, no faltaron a quienes se les “vendió” un coche o camioneta pickup más destartalada mecánicamente que gastaban más aceite que otra cosa, amén de la humareda que despedía por lo inservible del motor que si al principio esto no era notorio es porque los “comerciantes” de ONAPAFFA, FRENOS, UCD, etc., los sometían a arreglos “especiales”.

A final de cuentas, si hay que pagar más por la regularización, es preferible que caer en manos de esos supuestos “protectores onapaffos” (www.intersip.org)