Hubo de transcurrir 40 años, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al igual que el Servicio Administrativo Tributario, se pusieran las pilas y actuaran conforme a la ley, para detener la entrada de tanta chatarra contaminante al convertirse en cómplice y aliado de los múltiples grupos dedicados a la introducción ilegal de vehículos usados.

Mi Columna

Patadas de ahogado

Por Carlos Robles Nava

Hubo de transcurrir 40 años, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al igual que el Servicio Administrativo Tributario, se pusieran las pilas y actuaran conforme a la ley, para detener la entrada de tanta chatarra contaminante al convertirse en cómplice y aliado de los múltiples grupos dedicados a la introducción ilegal de vehículos usados.

Este próspero negocio que ya se conocía de él desde alrededor de 1975 y que a partir de los 80´s se incrementó exageradamente al grado de que hasta funcionarios de distintos niveles del gobierno estatal de aquel entonces, ofrecían a parientes y amigos la puesta en Saltillo, Torreón “o donde tú me digas en que ciudad, el coche que desees”.

La entrada de esa chatarra automotriz se calcula en varios millones de unidades que pasaron no a escondidas, sino a ojos abiertos por los puentes internacionales que existen entre la frontera de México y Estados Unidos.

En el caso de Coahuila, fueron miles los autos y pick up que fueron traídas por los caminos de terracería partiendo de los Municipios de Ciudad Acuña y Piedras Negras, senderos desérticos y utilizados durante años por traficantes de droga, mercancía, de personas (que ya existían, pero no tantos) y de todo lo que se deseara con la frase de esos contrabandistas, “lo que quieras manito, cabiendo en el puente, todo pasa”.

Durante esos 40 años de disimulo protegido con buenas cantidades de dinero entregados a los que por mucho tiempo se les llamó “aduanales” y de unos 10 años para acá son los flamantes policías fiscales, Hacienda ni el SAT dieron explicación alguna del porqué tanta pasada de coches “chocolates”, ilegales o “chuecos”.

Ninguna de las dependencias abría la boca, probablemente porque estaba tapada o cerrada con harta lana, pues no hay otra explicación más que la corrupción de esos muchos años.

A este negocio que afectó no solo al desarrollo más acelerado de la industria automotriz nacional, pues a mayor número de “chocolates”, menos venta de unidades motrices nuevas y consecuentemente menos generación de empleo, le dio nacimiento primero la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar, ONAPPAFA, ideado por un sujeto de apellido Barrios, con residencia en Chihuahua, aunque en los últimos años ha asentado sus reales en Gómez Palacio y, finalmente, en Torreón, en donde por razones no rebeladas y en días recientes, lamentablemente fue acribillada a balazos su señora esposa en las puertas de las oficinas de la citada organización, al parecer por “desconocidos”.

Como en los famosos y conocidos cárteles de la delincuencia organizada, de ONAPPAFA aprendieron otros más, que trabajaron un tiempo al servicio de Barrios o bien le clonaron sus mañas y maneras de lograr pasar todo vehículo que le pidieran los clientes.

Así surgieron la Unión Campesina Democrática, (UCD), FRENOS, otra con siglas de la CNOP y más que se escapan a mí memoria, al grado de que se “constituyó” una Confederación de ONAPPAFA. Así de importante era el negocio de los “chocolates”.

En todo este negocio de introducción ilegal de vehículos estuvieron involucrados Agencias Aduanales, extendiéndose a las Policías Federales y Estatales y, lo peor, hasta Jueces Federales de Distrito, que otorgaban al por mayor y mejor oferta económica, los famosos amparos que tanto pregonaban los líderes de las múltiples organizaciones de “vehículos chuecos”.

De repente, en el curso del segundo semestre del 2014, la Suprema Corte de justicia de la Nación, “decide” parar tanta chatarra con un ¡oh sorpresa!:  En esta maraña de corrupción, estaban metidos hasta las “chanclas”, más de 5 Jueces Federales de Distrito, de distintas Entidades del País, la mayoría del Sur, además de sus más cercanos colaboradores en su respectivo juzgado de Distrito. La S.C.J.N., procedió penalmente contra éstos y emitió un dictamen para poner barreras a los Jueces Federales de Distrito.

A partir del primer trimestre del 2015, los “onappafos”, “udecistas”, “cenopistas”, “frenistas” y demás, comenzaron a dar patadas de ahogado con manifestaciones ruidosas, pero sin efecto. Las autoridades recaudatorias de Coahuila, que eternamente mantuvieron su frase “no podemos actuar, es cuestión federal”, se animaron y empezaron a requisar varios “chuecos”.

Hasta hace tres semanas los “loteros” que se vieron hartamente beneficiados con esa complacencia, disimulo y corrupción, junto con los líderes de los organismos mencionados, anunciaron un bloqueo a los puentes internacionales en las fronteras entre México y Estados.

No hubo nada y si lo hicieron no tuvo resonancia ni eco en Hacienda y SAT, convirtiéndose simplemente en “patadas de ahogado” para justificarse con sus “clientes” a quienes les esquilmaron no miles, sino millones de pesos ante la fallida promesa de que “todo esta arreglado, allá arriba”. (www.intersip.org)