MI COLUMNA
Evitemos el lloriqueo
Por Carlos Robles Nava
Dos funcionarios de Allende, municipio fronterizo de Coahuila, fueron sorprendidos y detenidos en el momento que pretendían pasar a los Estados Unidos, a dos hondureños indocumentados, aprovechando su posición uno de ser el Comandante de Bomberos y la segunda, una mujer que dijo ser secretaría del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento de la citada comunidad.
Se trata de Mario Alberto Rodríguez Cisneros y Delia Torres López, que por sus malas intenciones y procedimiento al violar la Ley Federal de Población, fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República, Delegación Piedras Negras, Coah., para que sean esas autoridades quienes procedan conforme a la Ley.
Aunque es la primera ocasión que oficialmente son detenidos por querer pasar “al otro lado” a indocumentados, las suposiciones indican que los dos funcionarios ya en otras ocasiones habían recurrido a lo mismo con otros indocumentados, cobrando lógicamente, por sus servicios.
La aprehensión de los dos servidores públicos y los hondureños fue hecha por policías municipales en las orillas del Río Bravo, cuando iban a bordo de un vehículo propiedad y manejado por el jefe de los Bomberos de Allende.
En las comunidades fronterizas se ha hecho común o normal que funcionarios estatales o municipales pretendan tener un ingreso extra pasando a indocumentados.
Ante esa circunstancia, hay quienes consideran que debe aplicarse doble castigo a quienes siendo servidores públicos se prestan a servir de “polleros”, mote que se a quienes se dedican y viven de cruzar a tierras del Tío Sam por el Río Bravo a indocumentados de cualesquier nacionalidad.
Tal sugerencia o propuesta es apoyada ante el crecimiento del número de funcionarios que les ha dado por hacer esos “servicios” como un extra por, según pretextan, es poco el sueldo que reciben de la dependencia a la que están adscritos esto lo mismo en la zona franja coahuilense o de otra Entidad colindante con nuestros “primos los güeros”.
Sin embargo, los razonamientos que dan esos malos servidores públicos es irracional y sin fundamento alguno tomándose en consideración que son muchos quienes laboran en oficinas públicas percibiendo igual salario y no se dedican a actividades ilícitas protegiéndose con el cuento de que lo hacen por los raquíticos o modestos salarios que perciben.
Si las altas autoridades de la justicia no aplican sanciones ejemplares a los funcionarios que aprovechan el cargo para no solo cometer violaciones a la Ley Federal de Población o bien que cometan otro tipo de ilegalidades, más temprano que tarde se les desbordará el “negocio” y se saldrá del control aumentando el número de supuestos “polleros” disfrazados de funcionarios o simples funcionarios públicos aprovechándose las facilidades y ventajas que da esa posición.
La mayor parte de los grandes cánceres que padece México como el tráfico y comercialización de de estupefacientes; las extorsiones; la trata de blancas; el robo de identidades; el de viviendas, bancos, comercios, los asaltos callejeros, robo de combustible; la corrupción en oficinas gubernamentales y otros más, han puesto en clara evidencia la incapacidad de las autoridades de los tres niveles porque no fueron combatidas cuando empezaron a cometerse esos ilícitos.
Por tanto, de una vez por todas, tiene que actuarse sin consideración para evitar y después no andar con lloriqueos. (www.intersip.org)