Desde la creación de lo que originalmente fue el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, INPI, para luego convertirse en Desarrollo Integral de la Familia, DIF, han sido en los hechos y automáticamente la parte noble de los gobiernos municipales, estatales y federales.
Mi Columna
Se lucen y les pagan
Por: Carlos Robles Nava
Desde la creación de lo que originalmente fue el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, INPI, para luego convertirse en Desarrollo Integral de la Familia, DIF, han sido en los hechos y automáticamente la parte noble de los gobiernos municipales, estatales y federales.
Por décadas, sus Presidentas en contadas excepciones no han sido las esposas de los alcaldes en turno, como lo fue en su tiempo de Edil en Torreón, el licenciado Homero H. del Bosque, ya que su esposa doña Estelita siguió atendiendo fielmente a su familia y en su lugar estuvo al frente de todos los programas y acciones del DIF, su hija del mismo nombre. Ha habido otros casos por lamentables decesos, recordándose entre éstos el de la señora Elsa Hernández de la Fuente, esposa del entonces gobernador José de las Fuentes Rodríguez, entrando en su sustitución su hija la doctora Lupita.
El cargo que se otorgaba en aquel entonces a las Presidentas de los DIF, eternamente fue honorífico y consecuentemente no recibieron sueldo alguno, aunque si disponían de chofer, vehículo y secretaria o asistente pagados con recursos públicos.
Igualmente en casos de viajes fuera de su comunidad, el gobierno al que pertenecían sus esposos, cubrían los viáticos, gastos de representación, etc.
En los últimos años y, más en estas actuales y nuevas administraciones municipales, al menos en Coahuila, se está imponiendo la obligación de incluir en la nómina pagada con recursos públicos, a algunas de las conyugues de los Ediles en turno.
Caso concreto están las esposas de los Presidentes Municipales de los municipios de San Juan de Sabinas, más conocido como Nueva Rosita y el de Frontera, las señoras Erika Lozano de Gutiérrez y María Elena Liñán de Moreno, respectivamente.
La primera de ellas percibe 20 mil pesos y la segunda, 31 mil 999 pesos mensuales, además de contar con vehículo oficial, chofer, gastos de representación y viáticos en general, cuyo dinero sale del erario.
Por ahora, estas dos Presidentas del DIF de las 38 que tiene Coahuila, son de las únicas que se conoce que forman parte de la nómina municipal, lo que ha sido mal visto por sectores de sus propias comunidades, ya que en este caso concreto se ha perdido la nobleza de ser Presidentas del DIF.
La situación de imagen para estas dos damas, se agrava al saberse que las respectivas alcaldías fueron entregadas por sus anteriores Presidentes Municipales no solo en números rojos, sino con grandes adeudos bancarios que en la casi totalidad de los municipios se estima que necesitarán más de dos a tres futuras administraciones para cubrir los adeudos heredados, es decir, las condiciones financieras de los municipios, no están como para estar englobando o engrosando cada vez más, las nóminas públicas.
Por otro lado y si hemos de ser realistas y sinceros, estas dos Directoras Municipales del DIF desarrollan una importante actividad llevando acciones y programas de alto beneficio a la niñez y la familia, no pasa desapercibido que sus horarios son más relajados que cualquier burócrata que aparezca en la nómina oficial, además de que sus obligaciones y responsabilidades son mayores.
La situación de las señoras Erika Lozano de Gutiérrez y María Elena Liñán de Moreno, salió a la luz pública por información dada a conocer por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, desconociéndose si oficialmente ha desaparecido el cargo como honorífico para convertirse en parte de la burocracia, pero sin un horario específico y ningunas otras responsabilidades que se otorga a cualquier empleado público de nómina.(www.intersip.org)